Buscan anulación de Unidad de Evaluación y Control: abogado Juan José Frías Aguilera

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Interponen una querella para anular el proceso de elección del titular de la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado, que encabeza Jorge Ovidio Robledo Gómez y además se prepara juicio político por las irregularidades presentadas en el periodo en que se eligió a este funcionario del Congreso del Estado.

Juan José Frías Aguilera, integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, A.C., explicó que este asunto se encuentra ante el Juzgado Sexto de Distrito del Poder Federal, mediante el Amparo No. 582/2019-V, en el que se solicita la anulación del proceso de elección del titular de la Unidad de Evaluación y Control, UEC, por violaciones al Estado de Derecho y al procedimiento para nombrar a Jorge Ovidio Robledo Gómez.

El abogado potosino argumenta que en la evaluación y selección la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, se hizo gala del obscurantismo y se cometieron varias irregularidades por no estudiar la Ley correspondiente y además por la falta de una verdadera asesoría profesional.

“Cometieron varios atropellos para la selección de dicho funcionario, por lo que de determinarse por parte del Juzgado Sexto de Distrito, quien admitió a trámite, la solicitud del amparo señalado, en breve se ordenará la nulidad del nombramiento, por lo que todos los actos emitidos por el funcionario resultan nulos de pleno derecho, así como los nombramientos del personal que habrán de integrar dicha Unidad de Evaluación y Control e inclusive deberán de realizar la devolución de las percepciones económicas recibidas, ya que esto resulta un cobro indebido, que se traduce en corrupción”.

Además, subrayó que ante la apatía e indiferencia de las autoridades locales, está preparando una demanda de juicio político, así como una denuncia ante el Congreso de la Unión y la Secretaría de la Función Pública Federal, pues considera un hecho grave que los diputados de la actual legislatura y en particular los integrantes de la Comisión de Vigilancia, se la pasan violentando la Ley “ya se les hizo costumbre esta práctica, pagando inclusive cantidades exorbitantes por asesorías profesionales, demostrando así, una actitud irresponsable y falta de compromiso con la sociedad que los eligió”.