Actos de violencia política contra la mujer podría tipificarse como delito

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– Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado emitió posición frente a ese tipo de violencia.

– Llama a medios informativos a evitar la reproducción de estereotipos que menoscaban los derechos políticos de las mujeres.

En el marco de la Tercera Reunión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, celebrada recientemente, representantes de instancias públicas y organizaciones civiles que lo integran, llegaron a diversos acuerdos, entre los que destaca hacer un llamado a representantes de los medios informativos para que contribuyan a prevenir la violencia política, y que eviten la publicación de manifestaciones de esa naturaleza en contra de las mujeres.

Lo anterior en virtud de que distintos medios de comunicación han perjudicado directamente a funcionarias públicas y mujeres de distintos partidos políticos, pues a través de su información han menoscabado sus derechos políticos, a través de la reproducción de estereotipos de género, que representan claros actos de discriminación.

Dentro de la citada reunión se agotó una orden del día que incluyó la firma y seguimiento de acuerdos de la reunión anterior; un informe del CEEPAC sobre la participación de mujeres en el proceso de inscripción de candidaturas independientes; la presentación de la asociación Educación y Ciudadanía sobre su proyecto de Violencia política contra las mujeres 2018; y una exposición del CEEPAC sobre el monitoreo de medios en materia de género que se realizará, de acuerdo al reglamento de elecciones.

Asimismo, de la asociación civil Género, Información y Desarrollo, Guadalupe Almaguer Pardo presentó una propuesta de acción ante casos de violencia política en medios de comunicación.

Sobre el acuerdo de llamar a dichos medios a que asuman su responsabilidad en el marco de respeto a los Derechos Humanos, y en el caso particular, se busca disminuir la brecha de la representación política a fin de lograr una verdadera democracia, y fue tomado con base en lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

Así, la representación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, emitió una postura respecto a la violencia política, señalando que ésta puede ser cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas o servidores públicos, – por sí mismos o a través de terceros -, que causen daño físico, psicológico, económico, o sexual, en contra de una o varias mujeres, y/o de su familia, para acotar, restringir, suspender, o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales, o para inducir la toma de decisiones contra su voluntad.

Al tiempo, se estableció que dicho acto u omisión puede ser perpetrado por el estado; superiores jerárquicos; colegas de trabajo; partidos políticos o representantes de éstos; así como por los medios de comunicación y sus representantes; particulares; y/o grupos de personas.

Con base en lo anterior, se hizo notar que en medios locales, se han difundido casos de mujeres políticas, funcionarias públicas y aspirantes o no a cargos de elección popular, quienes han sido enmarcadas en roles patriarcales, tradicionales, estereotipados, y limitados, con un lenguaje sexista, moral sexual, y se les da un tratamiento diferenciado al rol de los hombres en la política, lo que las desalienta de participar en ese campo, y en general en el ámbito público, constriñendo su actividad a la vida privada, con el objetivo de perpetuarlas en los roles tradicionales y estereotipos de género.

Por ese motivo, si bien actualmente hay conductas de violencia política contra las mujeres no tipificadas como delitos, algunas de ellas podrían considerarse como delitos penales o electorales, o como discriminación, daño moral, infracciones electorales, entre otros.

En particular, se reveló que el manejo inadecuado por estereotipos de género en la participación política; contenidos difamatorios, oprobiosos e infamantes; calumnias y amenazas de forma sexista, constituyen actos de discriminación y podrían ser canalizados por la vía penal, al igual que otras expresiones agraviantes.

Para finalizar, las instituciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres determinaron ofrecer próximamente a representantes de los medios de comunicación una capacitación orientada a evitar ese tipo de acciones, que hoy les sitúan como perpetradores de discriminación y violencia política contra las mujeres.