Hace ya buen rato, un compañero de escuela me confesó que abandonaría la Facultad de Derecho por un tiempo. Dijo que, “para ver si mientras o en algo cambiaban las leyes”. Decepcionado de la carrera por la forma en que se procura y se imparte la justicia en México, de plano decidió darse de baja, al menos eso pretextó.
De esto ya transcurrieron algunos años; ignoro si mi amigo viva o ya murió y, si es así, estoy seguro que, solo de ver los cambios en el nuevo Sistema de Justicia Penal y Administrativa, así como la actuación de algunos jueces, cierto estoy que volvería a morir, pero esta vez de tristeza y para irse encabronado de este loco mundo, de este país y de este pobre San Luis Potosí que anda de cabeza.
Valga la referencia, primero, por la noticia de que se están quedando vacías las prisiones del estado por obra y gracia del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Se habla de cientos de reos que se ajustaron y que obtuvieron el beneficio de la libertad por su presunción de inocencia o por reparación del daño causado.
Hasta ahora nadie sabe decir si por lo menos se tiene un registro de donde están, que hacen o con quien se juntan, porque juremos que, laborando no, en tanto que el proceso de reinserción es muchas veces una utopía o es prolongado y, una sociedad mocha o conservadora como la nuestra no tan fácilmente los acepta en las calles, mucho menos en sus empresas, aun cuando se hubiesen readaptado o bien hayan reparado el daño que causaron a la sociedad.
Segundo, es la determinación asumida por el Juez Tercero de Distrito en el estado que, sobre las rodillas determinó conceder el incidente de suspensión definitiva al amparo promovido por el apoderado legal de “El Trapazo”, Edgardo Stevens Pérez, a quien no solo le brinda protección para que no se suspenda el suministro de agua y la red de drenaje a tres de las negociaciones que se robaron 70 mil metros cúbicos de agua, sino que además impone al INTERAPAS guardar silencio y se abstengan de realizar declaraciones en medios impresos, digitales o de otro tipo.
Raro y sospechoso resulta que un Juez Federal se preste a intereses políticos locales, porque nadie podría dudar que el escándalo en el que se vio involucrada la familia Stevens, concretamente el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Leopoldo Stevens y su hermano Hugo Stevens, Vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción FCA tiene un tufo de complacencia gubernamental. Grave resulta que el Juzgado Federal ordene al INTERAPAS se abstenga de realizar declaraciones públicas sobre el tema.
Ellos, los del Frente Ciudadano Anticorrupción sí lo pueden hacer, pueden convocar a conferencias de prensa y hablar de presuntos actos de corrupción del gobierno estatal y del municipal, menos de los cometidos por ellos, ahí el silencio es sepulcral. Al INTERAPAS se le ordena callarse, no hablar y que no alce la voz, no vaya a ser que los señores incorruptibles se molesten, máximo cuando un Juez Federal lo ha instruido y vulnerando tal vez la libertad de prensa.
A lo mejor el señor Juez Federal, ignora que el trabajo del reportero es sagrado y sufrido, y que, pese a ello, tiene la formación para indagar y buscar la evidencia, una verdad que el mismo Juzgado colocó en sus estrados para notificar la determinación de que los dueños verdaderos del “El Trapazo” están por lo pronto, gozando de la más completa impunidad.
