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viernes, marzo 29, 2024

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

Si analizamos cuales son las causas principales o las razones de peso por el que los jueces responsables de impartir justicia sueltan o liberan a los delincuentes, podremos deducir que estamos frente a problemas multifactoriales que han convertido a la fiscalía General del Estado y al Poder Judicial en la “puerta giratoria” a la que se refiere el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

De entrada, encontramos que preexisten y prevalecen instituciones débiles e incapaces de hacer frente a un problema social que se ha traducido en violencia y muerte. Es fácil advertir que muchas veces las detenciones o investigaciones a cargo de la policía no están bien hechas, no se ajustan a métodos científicos, – o bien, infringen principios de legalidad que dan margen a que los jueces liberen a los maleantes.

Otro aspecto inocultable es la maldita corrupción que impera en todos los niveles. Muchas veces desde el policía, en las agencias del Ministerio Público, en funcionarios influyentes de la Fiscalía o en el Poder Judicial. Es una práctica el que los procedimientos o las carpetas de investigación se frenan o se aborten porque siempre hay una “duda razonable” que impide procesar a los delincuentes. Eso todo mundo lo sabe y, si a ello se agrega la lentitud y el tortuguismo, pues simplemente estamos en la total indefensión.

La exigencia del gobernador Gallardo de que se procese y no se deje en libertad a los narcomenudistas que fueron capturados con miles de dosis de mariguana, cocaína, cristal y metanfetaminas, es razonable y fundamentada. Y no solo eso, a estos angelitos se les decomisaron armas largas y cortas, vehículos y equipo táctico. ¿Qué razón o excusa podrían esgrimir los jueces como para dejarlos en libertad?, ninguna.

Ya en otras ocasiones, hemos sostenido que cuando se detiene a delincuentillos y se les libera, los desgraciados tienen la posibilidad de disponer de una mayor capacidad de fuego, mejor capacidad económica, organización y movilización para continuar cometiendo delitos y seguir envenenando a la juventud.

Por otro lado, tanto la Fiscalía, el Poder Judicial como el Congreso del Estado, tienen la ineludible e impostergable responsabilidad de revisar y adecuar los códigos penales y de procedimientos para que los ilícitos que se cometen no queden impunes.

Pareciera que todo mundo sigue nadando de a muertito y solo se quedan en el campo mediático y en la promesa de reunirse para analizar y modificar nuestras leyes, esa es nuestra triste realidad y de poco sirve que el Ejecutivo del Estado muestre deseos de cambiar el estado de cosas cuando el animal, o el aparato judicial sigue completamente reumático.

Hasta pronto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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