Se busca que las autoridades no comentan abuso de autoridad ni ninguno de los hechos de corrupción

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La diputada Vianey Montes Colunga propuso un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado, a la Directora General de los Servicios de Salud Local; al Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y a los presidentes de los 58 municipios de la Entidad, vigilar que en la observancia de que se cumplan las medidas sanitarias, las autoridades competentes para emitir sanciones no comentan abuso de autoridad ni ninguno de los hechos de corrupción contenidos en nuestro Código Penal del Estado.

Señala en su propuesta que derivado de que nuestro Estado, debido al alto número de contagios diarios que se tienen, y al número de muertes por causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19), se consideró el uso de cubrebocas obligatorio.

Por ello, se envío oficio circular a los 58 ayuntamientos del Estado signado por la Secretaria de Salud, la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez de fecha 06 de agosto del 2020, en el cual se solicita la intervención y colaboración de los ayuntamientos, para que en ámbito de sus competencias difundan y vigilen el uso obligatorio de cubrebocas en todos los espacios públicos abiertos y cerrados, incluidos oficinas, transporte público, comercios, entre otros, tanto para servidores públicos como para la población en general.

Se les solicita además, se apoyen de sus medios de apremio que les faculta su marco legal; anterior a esto, ya se habían emitido restricciones en actividades esenciales recreativas y gubernamentales, donde se contempla el aforo y horarios, así como los lugares que estarían suspendidos, y la adaptación de medidas de la nueva normalidad, que se encuentran su fundamento en el artículo 135 de la Ley General de Salud.

Por ello, señala que es importante que el Ejecutivo del Estado, los Servicios de Salud en el Estado, el Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y los presidentes de los 58 municipios, vigilen el buen cumplimiento de las medidas sanitarias, y que en caso de que se requiera sancionar a un ciudadano, esto sea en total apego a derecho, y que no se preste a que existan actos de abuso de autoridad y mucho menos algún hecho de corrupción contemplado en nuestro Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Y en caso de detectar algún tipo de hecho de corrupción, se inicie la

investigación correspondiente, indica la legisladora.

El Punto de Acuerdo fue turnado para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social.