Un juez de control de Cholula, Puebla, dictó auto de vinculación a procesocontra cuatro implicados en el accidente aéreo ocurrido el 24 de diciembre de 2018, que provocó la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, de su esposo el senador Rafael Moreno Valle y de tres personas más.

El martes 29 de diciembre, al continuar la audiencia inicial y después de siete horas, el juez de control determinó que los argumentos de la Fiscalía de Puebla eran suficientes para iniciar proceso penal contra José Antonio “N”, dueño del taller “Rotor Flight Service”, encargado del mantenimiento del helicóptero con matrícula XA-BON que se accidentó y de los trabajadores Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”.

Los cuatro imputados están acusados de los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones.

Durante la audiencia, los abogados de los acusados argumentaron ante el juez de control que los empleados del taller reportaron en su oportunidad y con varios días de anticipación a la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, dueña del helicóptero, que había una falla en el actuador lineal del alabeo, sistema que permite a la aeronave mantenerse estable en el aire.

Óscar Sánchez Terrones, abogado, dijo: “Se le notificó que existía una falla, depende del dueño autorizar el reemplazo, se le avisó y la Fiscalía quiere imponer esa carga a mi representado al decir, oye, tuviste que quitársela a fuerza, es imposible, es decir, mi cliente revisaría el trabajo del mecánico una vez que autorizara la compra y reparación”.

Por separado, cada uno de los cuatro abogados defendió con documentos y con información contenida en la carpeta de investigación, que los imputados sí informaron de la falla técnica 11 días antes del accidente, solicitando que la aeronave se quedara en tierra, porque no era aéreo navegable.

Sin embargo, la pieza nunca se cambió y el helicóptero realizó otros dos vuelos, antes del accidente el 24 de diciembre de 2018.

Según el abogado, la empresa “Servicios Aéreos del Altiplano”, fue la responsable de permitir que el helicóptero diera el servicio al Gobierno del estado de Puebla y que el piloto también fue responsable al aceptar la aeronave, a pesar de la falla técnica que tenía.

“El piloto es la máxima autoridad en el momento del despegue, si él consideraba que no hubiese que había algún tipo de desperfecto ellos inmediatamente tenían todo el derecho, así fuera el presidente de la república de no volar”, señaló Óscar Sánchez Terrones, abogado.

Por otra parte, la Fiscalía del Puebla informó que Agustina Flores, la dueña del predio donde cayó el helicóptero, exige el pago de 237 mil pesos por la pérdida de su cosecha de maíz y por los daños causados al terreno.

Después de analizar los argumentos de todas las partes, el juez de control resolvió vincular a proceso penal a los cuatro imputados, ordenando que tres de ellos permanezcan en el penal de Huejotzingo, mientras que José Antonio, debido a que es una persona vulnerable permanecerá en el Centro de detención de San Miguel, ambos en el estado de Puebla.