EFE.- Varios gobiernos y la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazaron este miércoles las decisiones del ahora expresidente peruano Pedro Castillo, de cerrar el Parlamento y convocar un “gobierno nacional de emergencia”, que posteriormente lo llevaron a su destitución y detención.

La Cancillería colombiana invocó la democracia para manifestar su rechazo, al condenar “todo atentado contra la democracia, venga de donde venga”. Además, recordó que esta “requiere el reconocimiento de la voluntad popular expresada tanto en las elecciones para presidente como para el Congreso“.

En la misma línea se expresó su par chilena, quien lamentó “profundamente” la crisis política del país andino, e hizo un “llamado enfático a que se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales”.

Mientras, el gobierno ecuatoriano, además de expresar preocupación por Perú, exhortó a la comunidad internacional a facilitar el proceso democrático. Su canciller, Juan Carlos Holguín, formó parte del grupo de alto nivel designado por la OEA que evaluó la situación política de Perú en noviembre.

Precisamente, ante lo sucedido este miércoles, el Consejo Permanente de la OEA realizó en Washington una sesión extraordinaria, en la que su secretario general, Luis Almagro, llamó al diálogo y calificó de “una alteración del orden constitucional” las acciones de Castillo. Posteriormente, reconocieron a la abogada izquierdista Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo, como nueva presidenta.

Desde el gobierno de Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, pidió defender la democracia e indicó que “seguirá de cerca los acontecimientos” que vayan ocurriendo en el país y que su país “actuará de acuerdo a los deseos y aspiraciones del pueblo peruano”.

Llamado a resguardar el orden constitucional

Por su parte, el gobierno de Argentina hizo “un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el Estado de derecho y el orden constitucional”.

Antes de conocerse la destitución y detención de Castillo, el Ejecutivo de Costa Rica calificó las decisiones del expresidente como una ruptura del orden constitucional, y señaló que son “un retroceso en el proceso de diálogo democrático y negociación diplomática que se venía respaldando por parte de la comunidad internacional”.

De otro lado, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, consideró las acciones de este miércoles de Castillo como “incompatibles con el conjunto normativo constitucional” de Perú, de acuerdo con la Cancillería, porque representan “una violación a la vigencia de la democracia y del Estado de derecho”.

Asimismo, resaltó su “disposición a seguir manteniendo las sólidas relaciones de amistad y cooperación que unen a los dos países y le deseó éxito a la presidenta Dina Boluarte como Jefa de Estado peruano”.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que “siempre hay que lamentar que un presidente elegido democráticamente tenga ese destino”, pero que entiende “que caminó dentro de los moldes constitucionales”.

Lula, símbolo de la izquierda latinoamericana, dijo que espera que Boluarte “tenga éxito en su tarea de reconciliar el país y conducirlo por el camino del desarrollo y la paz social”.

También se unió Panamá, que le transmitió su apoyo a Dina Boluarte “para que lidere un nuevo gobierno que encuentra una pronta y duradera solución a la crisis que afecta al pueblo peruano en estos momentos”.

“Los golpes de Estado no deben perpetuarse”

Desde Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional expresó “su enérgica condena al golpe de Estado ocurrido en el Perú, que es el resultado de una serie de eventos para erosionar la democracia y la voluntad soberana del pueblo representado por el presidente Pedro Castillo, para quien se exige se respete su integridad física y sus derechos humanos”.

Además, señaló que “los golpes de Estado no deben perpetrarse”.

El expresidente hondureño Manuel Zelaya, ahora asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, derrocado el 28 de junio de 2009 cuando le restaban siete meses para que concluyera su mandato de cuatro años, también condenó “el golpe de Estado en Perú”, que dijo se hizo “violentando la soberana voluntad del pueblo, representado por el presidente Pedro Castillo“.