Las sanciones impuestas por EE.UU. contra la petrolera estatal venezolana PDVSA y el embargo de Citgo han afectado a decenas de venezolanos que padecen enfermedades crónicas al provocar que los programas sociales de los que se beneficiaban fueran suspendidos.
Hasta hace poco más de dos años, la Fundación Simón Bolívar, brazo social de Citgo, sufragaba los gastos de trasplantes y tratamientos de alto costo de pacientes con bajos recursos. Pero eso quedó atrás con la aplicación de las sanciones.
Fundalatin, una ONG de promoción y defensa de derechos humanos, afirma que ha podido documentar 195 casos de pacientes cuyos tratamientos médicos fueron suspendidos por las «medidas ilegales» de EE.UU. y advierte que la vida de esas personas corre peligro debido a la falta de medios necesarios para continuar la terapia.
Niños sufriendo los efectos de las sanciones
Cuatro relatores especiales y dos expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunciaron el impacto del bloqueo estadounidense sobre los derechos fundamentales de los venezolanos y alertaron que cientos de pacientes con cáncer podrían morir ante una aplicación excesivamente estricta de las sanciones. En su informe hablan sobre pacientes con cáncer, pero la realidad afecta a todos quienes padecen alguna enfermedad crónica como diabetes o sida, entre otras.
«En el 2019, cuando vinieron las sanciones sobre PDVSA y Citgo, hubo un impacto muy grande sobre la población de niños que están esperando no solamente el trasplante. Hay niños trasplantados que ameritan tratamiento de alto costo para alargar el funcionalismo de ese trasplante, muchos hoy por hoy hasta lo perdieron, porque por las sanciones muchos medicamentos antirrechazo no llegaron a nuestro país y es muy triste cuando ves a tu hijo y no sabes cuál va a ser el futuro de ellos», lamenta Yamileth Rojas, madre de un niño de 7 años diagnosticado con atresia de vías biliares extrahepáticas.
La denuncia de los relatores de Naciones Unidas y sus argumentos han llegado incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya, desde donde se informó a Fundalatin que «están estudiando los casos». La solicitud de la ONG es que se permitan las transacciones que garanticen el acceso a la salud de los pacientes.
