A partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016, que por primera vez se realiza en el país, San Luis Potosí se encuentra entre los estados con menor percepción de corrupción, ya que se ubica al final de la tabla de la frecuencia de estos actos indebidos.

Según dicha encuesta nuestra entidad está en el lugar número 25 en percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción, con 72.2 puntos, por debajo de la media nacional de 82.2, lo que lo ubica como uno de los estados en el que las unidades económicas perciben menos actos de corrupción a nivel nacional, reveló el Contralor General del Estado Gabriel Rosillo Iglesias.

El funcionario estatal detalló que la encuesta se realizó en el periodo de octubre a diciembre de 2016, la cual fue levantada a partir de entrevistas dirigidas a unidades económicas del sector privado, pertenecientes a los sectores de minería, manufacturas, construcción, electricidad, servicios, transportes, comercio y comunicaciones.

Destacó que en el reporte, la entidad potosina ocupa la posición 22 en el apartado de la participación o experiencias en al menos un acto de corrupción en trámites, pagos, solicitudes de servicios, contacto con autoridades e inspecciones.

Como dato adicional, la encuesta refiere que las cinco principales causas para incurrir en actos de corrupción son: la agilización de trámites, evitar multas o sanciones, obtener licencias o permisos, evitar clausuras y pagar menos impuestos, en este orden.

Cabe señalar que en estos rubros referidos la encuesta no desglosa los tipos de trámites o servicios con mayor incidencia de corrupción a nivel estatal, ni tampoco distingue la incidencia por órdenes de gobierno, por lo que los números se presentan agregados para toda la entidad.

La ENCRIGE es una encuesta orientada a establecimientos, cuyo objetivo es generar información con representatividad nacional y por entidad federativa referente a las experiencias y la percepción de las unidades económicas del sector privado de los trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno, así como de los marcos regulatorios bajo los cuales se rigen las unidades económicas ya establecidas o que se quieren establecer en México.