Por Leónidas Fernández

El certero y abominable asesinato del dirigente de la COPARMEX, Julio Cesar Galindo, exhibe una vez más la indolencia gubernamental y la anarquía que vive el estado potosino desde hace varios años en el tema de seguridad. San Luis Potosí, vuelve a ser noticia nacional y desafortunadamente no para bien. El hecho condenable se registra a solo 4 días de que inicie formalmente el proceso electoral y ya los jueces o ministerios públicos a sueldo en las redes sociales deslizan un escenario vinculatorio con uno de los aspirantes.

Desde cualquier ángulo, cualquiera que hubiese sido el motivo, la ejecución perpetrada en contra del líder empresarial y dirigente de la COPARMEX, no se justifica de ninguna manera, – sin embargo, habrá que esperar a que la investigación de la policía ministerial avance para conocer, – si es que no hay ocultamiento de la información, las verdaderas causas que terminaron con la vida de este empresario que luego de su muerte conmocionó a la sociedad potosina, principalmente a los círculos políticos con los que se relacionó.

Lo que la sociedad no puede permitir, es dejarse engañar por vivales de la política o por sicarios de las redes sociales que perversamente buscan ligar el crimen con uno de los proyectos políticos que aspiran al gobierno del estado. El homicidio doloso cometido es a todas luces condenable, pero igual es altamente peligroso dar crédito y veracidad a comentarios sesgados, dolosos y con mala fe. Simplemente porque esas posturas no abonan ni contribuyen al desarrollo pacífico de una contienda electoral en la que se debe privilegiar la buena política.

Si el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, está plenamente convencido de que el crimen del empresario potosino se esclarecerá y se dará con los responsables de homicidio, entonces esperemos a conocer las causas que lo motivaron. Anticiparse a juicios sin sustento es inútil y difamatorio, como ya lo podemos observar en las redes sociales.

En estos casos, generalmente la policía ministerial se muestra atingente en sus investigaciones. No lo hará cuando ciudadanos comunes corren con la misma suerte, pero tratándose de una figura empresarial o un personaje público vinculado estrechamente al entorno político, no es casual que se aceleren los procesos de investigación.

Solo apostemos a que este lamentable suceso no se hunda en el enrarecimiento político del que hoy los potosinos somos testigos. A nadie conviene. Decir que “el líder empresarial fue asesinado porque estaba tocando intereses de gente que no está de acuerdo en que San Luis Potosí viva un estado de derecho, democracia y desarrollo, y que además, su único pecado fue tratar de acabar con la corrupción” resulta temerario e irresponsable, si esta declaración proviene de otro empresario.

Que el crimen debe resolverse pronto, eso es lo que espera la sociedad, pero tampoco es honesta o congruente la postura del gobierno municipal capitalino ofrecer su colaboración en el esclarecimiento de los hechos cuando todos sabemos que la policía municipal es absolutamente incapaz de prevenir los delitos comunes que cotidianamente se cometen en la ciudad. La declaración del alcalde interino, parece más bien una actitud oficiosa y con ganas de encontrarle chichis a las gallinas.

Nos leemos pronto