El Salvador apoya al 100% la postura que México ha asumido frente a Estados Unidos y la posible militarización de la frontera.
De visita en San Luis Potosí, Edgar Palacios Bermúdez, embajador de El Salvador en México, se pronunció respecto a las acciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el envío de la guardia nacional a la frontera con México además del posible envío de militares a la misma zona.
Al respecto, dijo que «como país rechazamos cualquier tipo de amenazas o situaciones que puedan implicar el uso de la fuerza, creemos firmemente que cualquier cosa debe resolverse mediante diálogo, respeto, buscando el bien de los pueblos», y esa la postura que ha asumido México, por lo cual respaldan a nuestro país.
Agregó que «la grandeza de los países no reside en sentirse aislados, las mejores relaciones son donde el principio al respeto de la soberanía, la autodeterminación y el espíritu de cooperar para que los pueblos se desarrollen es algo que se debe asumir».
Respecto a su visita, destacó que este año se cumplen 180 años de la relación diplomática entre México y El Salvador, y también está en proceso un tratado laboral que permitiría que mexicanos vayan al llamado «Triángulo Norte» conformado por Honduras, El Salvador y Guatemala, y que también ciudadanos de esos países vengan a laborar a México.
En ese sentido dijo que ya ha dialogado sobre este tema con los estados de Nuevo León y Coahuila, y que en reunión con el gobernador de San Luis Potosí éste le externó que sí existe la posibilidad de intercambio laboral con El Salvador debido a la demanda de mano de obra que se tiene en la entidad potosina.
El embajador también visitó la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en donde actualmente hay 4 salvadoreños, y visitó el penal de La Pila, en donde hay igual número de connacionales detenidos por delitos como homicidio y robo.
Detalló que estos 4 salvadoreños que se encuentran recluidos, ya están involucrados en las actividades que les permiten un ingreso económico y que además se busca que puedan certificar sus estudios para que así puedan aprovechar el tiempo que pasarán en prisión, pues las penas que enfrentan van de los 3 a los 23 años.
