La Activista y Consejera Social del Instituto Nacional de las Mujeres, Arely Torres Miranda, presentó el pasado 15 de noviembre su renuncia como integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, decisión que obedece a que desde el pasado 6 de septiembre vía correo electrónico hizo la solicitud para que se discutir y dialogar sobre la permanencia del magistrado electoral, Oskar Calixto Sánchez, ya que existe una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que acredita la violencia política ejercida por dicho magistrado contra la también magistrada electoral, Yolanda Pedroza; a dos meses de no recibir ninguna respuesta por parte del Observatorio consideró que es un absurdo permanecer en un órgano que permite estás irregularidades.
Torres Miranda también consideró inadmisible que hace unos días la también integrante de esta Observatorio, Guadalupe Almaguer, al solicitar vía correo electrónico se convocará a sesión a la brevedad, debido a la cercanía de los procesos internos de los partidos políticos, y con la finalidad de conocer los mecanismos de selección para cumplir con la paridad sin violencia política, con calidad y perspectiva de género, la respuesta fue vía Facebook en la cual se desechaba la petición sin discusión al interior del Observatorio argumentando que ya se tenía la fecha para la segunda sesión.
«Soy una convencida de que mi compromiso será siempre por la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía de la dignidad humana, por lo anterior mi permanencia en este Observatorio sólo será posible si se pone a discusión la permanencia del magistrado Calixto en la misma», dijo Torres Miranda quien comentó que a la par se debe exhorta al Tribunal Electoral que cumpla con el principio de paridad, que la comunicación con las y los integrantes de este observatorio sea de manera formal se consideren sesiones extraordinarias la solicitud de sus integrantes y principalmente se garantice que exista la voluntad para trabajar y llegar a acuerdos que beneficien la participación política y el respeto de los derechos humanos de todas las mujeres.
