• Ambos mandatarios acuerdan colaboración, confianza y respeto en el traspaso de la administración pública estatal potosina, que hoy inicia de manera formal.

A partir del 26 de septiembre, las y los potosinos iniciaremos un proceso de transformación en el que emplearemos toda nuestra capacidad política, nuestra fuerza de voluntad y nuestra solidaridad para apoyar a todos los sectores que conforman nuestro Estado y distribuir de manera justa los recursos públicos.

Así lo expresó el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona durante la instalación de la Comisión para la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal, ejercicio 2015-2021, efectuada este viernes 30 de julio en el salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno del Estado, donde puntualizó que este proceso está dispuesto por ley y que se realizará sin prejuicios políticos, sin revanchismos y en el interés público de conocer el estado que guarda la administración pública estatal al cierre del periodo 2015-2021.

“Luego de una jornada electoral en la que, pese a algunos incidentes las y los potosinos impusieron la paz y la participación en las urnas, el proceso de transición también implica un respeto mutuo y una integración cordial con el gobierno saliente no sólo para darle continuidad al trabajo que el gobierno estatal realiza, sino para mejorarlo, ampliarlo y hacerlo más justo en el próximo sexenio”, dijo el joven mandatario.

Por su parte, el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López expresó que tiene la disposición de colaborar con el gobierno entrante y cumplir con lo que marca la ley en materia de entrega-recepción de los recursos públicos de San Luis Potosí y también la voluntad política de entender que, ante el cambio de autoridades, lo primordial seguir sirviendo a los potosinos.

Finalmente, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona agradeció la disponibilidad de Carreras López, con quien tuvo distintas reuniones desde que recibió su constancia de mayoría por parte del árbitro electoral y anunció que se informará sobre las condiciones en que la administración pública estatal se entrega a las y los potosinos, quienes son sus superiores y tienen derecho a saber de qué manera se administraron los recursos públicos y en que rubros fueron invertidos.