- De manera histórica, el Gobierno del Estado toma en cuenta las inquietudes y necesidades de la población indígena dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.
- En la convocatoria, participan integrantes de los grupos étnicos Otomí, Mazahua, Teének y Nahuatl.
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, está actuando conforme a derecho y en favor de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en la entidad, al ser convocados por primera vez a participar en la consulta pública para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, de forma previa, libre, informada y de buena fe.
El titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI) de San Luis Potosí Filemón Hilario Flores, destacó que como lo dispone la reglamentación en la dependencia, durante 10 días se lleva a cabo el proceso de integración de las propuestas, planteamientos y sugerencias de las comunidades Otomí, Mazahua, Teének y Nahuatl, así como de quienes se auto describen como Xiói y Huachichiles de la capital potosina. Asimismo, resaltó la necesidad de que integrantes de la Unión y del Consejo Regional Wixárika, se acerquen, participen y formen parte, pues son grupos con importante presencia en la entidad.
La consulta indígena para la conformación del PED 2021-2027 dio inicio el lunes 14 de diciembre en el auditorio de Palacio de Gobierno; el martes continuó en el Centro de las Artes y en los próximos ocho días seguirá llevándose a cabo en otros espacios públicos.
El funcionario estatal mencionó que en la actividad del martes participaron los gobernadores indígenas de comunidades de Nayarit y Jalisco, vinculados directamente con la zona sagrada de Wirikuta, e insistió en la importancia de su contribución y cercanía con el Gobierno del Estado a través de políticas de inclusión.
Subrayó que las comunidades y pueblos indígenas han sido relegados por años del ejercicio gubernamental en el Estado, lo que ha provocado que sus necesidades más apremiantes sean excluidas de un proyecto de Gobierno igualitario, que les garantice mismas condiciones de vida que el resto de la población.
