Por unanimidad, las y los integrantes de la Comisión de Hacienda de Estado de la LXIII Legislatura, aprobaron por unanimidad modificar el decreto legislativo que establece coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios ejercicio fiscal 2022, iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, José Ricardo Gallardo Cardona.

El presidente de la Comisión, diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón señaló que, en cumplimiento al artículo 14, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal de Estado de San Luis Potosí para el pago de participaciones, se deberán aplicar los coeficientes actualizados.

Explicó que, para el cálculo de excedente de Fondo de Fomento Municipal se utilizó la recaudación del impuesto predial 2021 y 2020 de los municipios coordinados con el Estado en el cobro de dicho impuesto.

En la reunión de la Comisión estuvieron presentes los funcionarios de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado Francisco Javier Valencia Ponce director jurídico y de capacitación fiscal y Alejandro Gallegos González asesor técnico de la Dirección General de Ingresos, quienes explicaron la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Los funcionarios estatales expusieron que esta actualización responde a una observación de la Auditoría Superior del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación, en el sentido de que deben estar publicados los coeficientes que no modifican la distribución a ninguno de los municipios, al contrario, tendrán mas participaciones.

Provisionalmente, durante los primeros cinco meses del año se canalizan las participaciones con criterios del año anterior porque no están cerradas las cuentas y a partir del sexto mes ya se hace el ajuste con las cifras validadas, en este caso, sobre la recaudación del impuesto predial que es uno de los factores que influye.

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda del Estado abundaron sobre la necesidad de que los ayuntamientos actualicen sus tarifas para que haya un cobro justo, pues se revelaron casos de grandes comercios y empresas que no actualizan el uso de suelo y siguen pagando, incluso, como si fueran domicilios particulares.