TRAZOS Y SOMBRAS

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Las y los diputados no dejan de sorprender

El problema de inseguridad y violencia que no concede tregua alguna desde hace años es de pronto tema de los señores legisladores que hoy se dan cuenta que el tejido social en la entidad potosina está roto.

Curiosamente solo lo perciben en la capital potosina, como si las regiones Huasteca, Media y Altiplano estuviesen alejadas o exentas a lo que diputados como Martha Orta y Manuel Barrera Guillén llaman descomposición social.

Esta semana que transcurrió, ambos legisladores propusieron un punto de acuerdo que tiene como propósito solicitar al gobierno de la capital que informe sobre las acciones coordinadas en materia de seguridad pública con los gobiernos federal y estatal.

Hablar de que la delincuencia sigue haciendo mella en la paz pública de los potosinos y que la espiral de violencia e inseguridad es algo que lacera a los ciudadanos, no es algo que los señores diputados estén descubriendo. El problema es un fenómeno estructural que tiene años sin resolver.

Si entre sus ocurrencias, a los diputados les brilló la idea de pedir cuentas al municipio de la capital, respecto a las acciones y programas institucionales de seguridad preventiva, o como ahora le llaman: de proximidad social, es tanto como pensar que Martha Orta como Barrera Guillén por lo menos han leído la Constitución.

Pero pedir al Ayuntamiento que se informe de las acciones coordinadas con la federación y el estado, pareciera que son meras ganar de joder y un pleno desconocimiento de la Carta Magna que con claridad establece la competencia y facultad de los Ayuntamientos, es decir, atender de manera preventiva el delito.

¿Acaso ignoran que la federación es la que ha dado la pauta para establecer los mecanismos, estrategias y criterios de coordinación entre las policías? Primero con el famoso Mando Único que para maldita  cosa sirvió- o bien, ¿que en verdad los diputados ignoran que constitucionalmente es el gobernador del estado el jefe máximo de las policías en la entidad?, al parecer sí.

Evidentemente que las tareas de prevención de los delitos corresponden y es de la competencia de la Policía Preventiva Municipal y claro que las frecuentes riñas o enfrentamientos entre pandillas debiera ser un foco rojo de atención de las Direcciones de Seguridad Pública Municipales, ¡pero! de eso a tergiversar o confundir a la opinión pública con delincuencia organizada un evento como el de la colonia Arbolitos, es otra cosa.

Si tanto les preocupa a los señores diputados, el que la delincuencia sigue destruyendo familias enteras y en consecuencia que se sigan perdiendo vidas, principalmente de nuestros jóvenes; porque no empiezan por investigar y regular la indiscriminada expedición de licencias para la venta de alcohol en antros que han proliferado en todo el estado y que es de la responsabilidad del gobierno del estado.

Porque sacarle al parche cuando se habla de la necesidad de imponer el anti alcohol o de establecer la foto multa que inhibirían delitos, enfrentamientos juveniles y accidentes automovilísticos incuantificables donde semana tras semana se pierden vidas de esos muchachos que salen de los antros autorizados por Gobernación.

Porque como Poder independiente del Estado, el Congreso no exige al gobierno federal lo que está haciendo en San Luis Potosí. O ya no vayamos tan lejos, porque no cita al General Arturo Gutiérrez o al Director de la Policía Ministerial José Guadalupe Castillo Celestino, para que comparezcan y expliquen lo que el propio crimen organizado demandó la semana pasada, cuando dijo que frenar la ola de violencia está en manos del gobernador.

Sería importante que ambos jefes policiacos aclararan sobre las revelaciones hechas por uno de los Cárteles que operan en la entidad, que con claridad meridiana proporcionó nombres de policías que están involucrados en los robos de casa habitación o que de plano andan metidos con grupos delincuenciales.

Para que politizar el tema, o mejor dicho, para que tanto brinco estando el piso tan parejo. Tan sencillo como que los diputados asuman su responsabilidad y aborden el tema de la inseguridad, la violencia y la infiltración de las corporaciones como un asunto de Estado real y urgente de atender, ¿o no?