• También obtienen sanción pecuniaria, reparación del daño y suspensión de derechos políticos

SLP.-En la lectura de individualización de sanciones, Fiscales de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí (PGJSLP), lograron una sentencia de 59 años de prisión para Edgar Eduardo, de 22 años de edad, originario de Matamoros, Tamaulipas, así como para el potosino Gerardo de Jesús, de 19 años de edad, por los delitos de secuestro exprés y robo calificado

Hace unos días se llevó a cabo el juicio oral en la ciudad capital, donde luego de que los fiscales demostraron fehacientemente la responsabilidad de los dos hombres en los delitos señalados, el juez emitió un fallo condenatorio, fijando esta fecha para señalar la sanción para cada uno.

Como se recordará, Los hechos ocurrieron la mañana del 11 de octubre del 2016 sobre la avenida Ricardo Gallardo, en Soledad de Graciano Sánchez, cuando la víctima circulaba en un vehículo marca Internacional, color blanco, modelo 2015 de esta entidad federativa.

En ese lugar, seis personas le cerraron el paso a la víctima en camionetas marca Pick Up, doble cabina, en color negro, amagándolo con armas de fuego para bajarlo de su unidad y subirlo a uno de los vehículos que tripulaban los dos jóvenes ahora sentenciados.

Los sujetos le taparon la cabeza con una bolsa de plástico en color negra y lo amenazaron con hacerle daño si no cooperaba con ellos pasándole información de lo que transportaba en el camión.

Por más de tres horas lo trajeron dando vueltas, hasta que en la colonia Julián Carrillo, en la ciudad capital, escuchó que detenían bruscamente la camioneta y salían rápidamente de la unidad, dándose cuenta que oficiales motociclistas lograban detenerlos en flagrancia antes de que huyeran.

De esta forma, los sujetos fueron detenidos en el momento en que mantenían a su víctima secuestrada; se les vinculó a proceso y su defensa rechazó el juicio abreviado, optando por el juicio oral, donde las pruebas contundentes que mostraron los fiscales, así como los testigos de los hechos, fueron determinantes para que el juez les dictara la sentencia condenatoria señalada.

Además de la prisión, el juez dictó la sanción pecuniaria por 49,000 unidades; el pago de la reparación del daño a cuantificarse en la ejecución de sentencia y la suspensión de sus derechos políticos durante el tiempo que dure su pena.