La señal que recibe la sociedad al conocer que la fiscalía anticorrupción creada por el Gobierno Federal, entrará en vigor con condición de acéfala, es un mensaje de desconcierto para la sociedad, destacó el director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP doctor Miguel Aguilar Robledo.

Apuntó que por diversas circunstancias no ha sido posible designar o seleccionar al mejor perfil disponible para que la encabece. Añadió que se trata de una fiscalía que se crea con tantas expectativas sociales.

El investigador reconoció que este organismo gubernamental ayudará a combatir conductas que el ciudadano tiene arraigadas desde nacimiento, “hay muchas expectativas, aunque también hay que reconocer existe un segmento de la sociedad que hasta no ver no creer, es decir, hay un cierto escepticismo sobre la eficacia que puede tener esta fiscalía; pero también, otro segmento de la sociedad que saluda con entusiasmo el inicio de actividades”.

Y expresó: “En todo caso, como cualquier instancia nueva hay que dar el beneficio de la duda, para ver cómo funciona; obviamente, hay una gran cantidad de casos señalados en la opinión pública de corrupción, por ello, habría que ver si tiene dos requisitos básicos: independencia y actuación en casos emblemáticos. Nace esta fiscalía con mucho trabajo, obviamente el más importante, la credibilidad”.

Añadió que habrá que ver si está dotada de los instrumentos, de las herramientas y facultades necesarias para cazar algunos peces gordos señalados públicamente por el corruptometro mexicano, “entiendo eso podría ganar credibilidad; hay muchos gobernadores que han sido señalados, algunos presos, otros huyendo, entre más casos. Sería un éxito si trabajaran esos casos emblemáticos podrían ganarse la credibilidad de los mexicanos, siempre y cuando actué con eficacia, prontitud, y que no se utilice la estructura como tapadera”.

Respecto del caso San Luis Potosí, el especialista apuntó que la estructura nueva requiere perfiles distintos a los de funcionarios públicos: “todas las fiscalías, integrantes y titulares, deberían tener independencia del poder ejecutivo, incluso del legislativo; sí realmente se tratará de personas honorables, de perfiles ciudadanos. Donde la función de muestras de independencia.