Tras darse a conocer la queja que interpuso una funcionaria del Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la presunta comisión de violencia de género en su perjuicio, el presidente de dicho órgano, Juan Paulo Almazán Cué, rechazó toda clase de señalamientos y explicó que este tipo de situaciones se han en forma por demás recurrente ante cuestiones de índole laboral.

Comentó que no es él quien toma en forma autoritaria las decisiones del Poder Judicial sino que existe un grupo de personas y órganos colegiados que determinan qué acciones habrán de implementarse ante cada caso, situación que cuida y salvaguarda los derechos de todos los trabajadores pero que, de igual manera, hace valer la ley por lo que no habría razón para considerar violencia de género y más en una institución comprometida con la justicia.

Dijo que este caso en concreto tendría que ser analizado por las instancias correspondientes para determinar si hay algo que se pueda hacer al respecto o si ya todo lo conducente se desahogó en forma oportuna.