Es “normal” que un candidato que busca la reelección continúe en su cargo mientras hace campaña, tal como ocurre en otros países, señala experto
Las elecciones de este año en San Luis Potosí, por primera vez en la historia, tendrán a candidatos que a su vez fungen como funcionarios públicos, gracias a vacíos en la legislación federal y a criterios judiciales en torno a la figura de la reelección, que por primera vez se permitirá en México.
En 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los alcaldes que deseen reelegirse no tendrán que dejar su cargo durante la contienda electoral; así mismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió esta misma resolución, misma que ya fue recurrida y se está a la espera de que se emita una sentencia definitiva en torno al tema. Dichas resoluciones federales, de acuerdo a la consejera electoral Zelandia Bórquez Estrada, aplicarían también para alcaldes potosinos que estén buscando la reelección.
La posibilidad de seguir en el puesto público y al mismo tiempo hacer campaña electoral no solo está abierta para alcaldes. La diputada local Martha Orta Rodríguez, en días recientes dio a conocer que continuará en el cargo y a la par realizará campaña para contender por una diputación federal, toda vez que su suplente también participará como candidata y los siguientes perfiles en la lista de prelación ostentan cargos en Gobierno o en el propio partido, que les impiden suplirla en el Congreso del Estado.
El politólogo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Juan Mario Solís Delgadillo, consideró “normal” que un candidato que busca la reelección continúe en su cargo mientras hace campaña, tal como ocurre en otros países, sin embargo en México se parte de la creencia de que dicho candidato utilizará recursos públicos para obtener una ventaja en la contienda y por ello es mal visto que continúen en sus cargos.
El motivo por el que, según el experto, no debe obligarse a los alcaldes que busquen la reelección a separarse del cargo, es que las administraciones municipales se reducirían de 3 años a solo 2 años y medio, por lo que más bien se deben establecer límites muy claros entre las actividades que realiza el político dentro de su papel de alcalde y las que hace bajo el mote de candidato.
