A pesar de que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Andrés López Espinosa, ya aclaró que no fue una omisión dolosa sino un malentendido la manera en que se hizo entrega de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2018 ante las autoridades correspondientes, la presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Marite Hernández Correa, confirmó que podría aplicarse alguna sanción por este suceso.

«Ahorita está ya en manos de la Auditoría Superior del Estado quien deberá encargarse del tema y está deliberando si la información que ellos entregaron en diciembre, se refiere a la cuenta pública 2018 y cumple con todas las características en ese sentido. Todo dependerá de lo que resuelva la auditoría durante la revisión del material que se le entregó, así como el disco y la información digital y de ahí verá si cumple o no con los requisitos de una cuenta pública y ellos tendrán que determina» afirmó la diputada.

Insistió en que sí podrían aplicarse algunas sanciones por este caso ya que todo ente público tiene la obligación de entregar en los tiempos y con las formas establecidas sus informes y no hacerlo puede tener consecuencias en distintos sentidos por lo que habrá que revisar a detalle esta situación.