Denuncias de productores y comerciantes llegaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Organizaciones de Transportistas asumieron su papel y defendieron a conductores que fueron extorsionados.

Otros sectores importantes alzaron la voz y fueron escuchados.

Luego de la serie de denuncias presentadas en contra de Inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, los cuales se venían extralimitando en sus funciones al extorsionar impune y descaradamente a productores del campo y comerciantes que transitan regularmente por la carretera 57, este día lunes, el retén ubicado en Estación Ventura lució desierto.

Al parecer, las instrucciones de retirar el personal de la SCT del Puesto de Control de Peso y Dimensiones, vinieron de la ciudad de México al haber trascendido entre el círculo cercano al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de las quejas presentadas por conductores afectados, denuncias que fueron oportunamente difundidas por este este medio informativo y que su oportunidad líderes de organizaciones de transportistas hicieron suyas para denunciar los hechos ante las autoridades correspondientes.

Como se recordará, la semana pasada una cantidad importante de productores del campo y comerciantes, que generalmente transitan por la carretera 57, fueron detenidos en el retén de la SCT ubicado en Estación Ventura. Ahí, el responsable del grupo de Inspección, apoyado por elementos de la Policía Federal Preventiva PFP, pretendió extorsionarlos con cantidades que variaban entre los 4 y 5 mil pesos a cambio de no elaborar la infracción.

Digno de mencionar, fue que en el ámbito local, sectores empresariales, diputados al congreso del estado, la jerarquía eclesiástica, organizaciones de transportistas como AMOTAC y CANACAR alzaron la voz para defender a sus agremiados en contra de estos malos servidores públicos que diariamente se venían metiendo miles de pesos en “mordidas”.

De manera confidencial, las dos últimas denuncias que se recibieron en este medio, corresponden, una a un conductor procedente del estado de Nuevo León y el otro de una comunidad de la Huasteca Potosina, donde a decir de los productores afectados les confiscaron su vehículos y sus remolques bajo amenaza de que “si no se dejaba caer con 5 mil pesos, le aplicarían una multa de 20 mil pesillos”.

De manera extraoficial, en el contexto local también trascendió que gente muy cercana a López Obrador, habría elaborado tarjetas informativas para enterar al próximo presidente constitucional, de las corruptelas de los funcionarios del Centro SCT de San Luis Potosí, entidad donde el próximo mandatario nacional propuso instalar las oficinas centrales de la dependencia federal.