¿Qué poderosas razones políticas, jurídicas y sociales han existido en nuestro país para que la pena de muerte a criminales que la merecen no se aplique en las actuales circunstancias en las que vivimos? Actualmente en 55 Estados y Territorios de Asia, Europa, África, Medio Oriente y en el Continente Americano se sigue empleando la pena capital y está ampliamente fundamentada en su legislación.
Hoy por hoy, en 108 países del mundo se ha abolido la pena de muerte y 29 están en proceso de modificar sus leyes. En México, a pesar de haberse prohibido en la Constitución de 1857 apareció en 1929. Todavía en 1961 se dieron las ultimas ejecuciones en el estado de Coahuila, pero no fue hasta el 2005, que el panista Vicente Fox la borro de nuestra Carta Magna.
Razones humanitarias, aspectos religiosos, protección a los derechos humanos de los delincuentes, simulación gubernamental, arma política, riesgo de condenar a no culpables o esa doble moral todavía instalada en algunas sociedades como la nuestra, podrían ser las causas de fondo por las que en México no exista la pena de muerte, sin embargo, en estados de la Unión Americana y en países vecinos como Jamaica, República Dominicana, Cuba, Guyana y Belice la pena máxima está vigente.
Recientemente, en nuestro país, la Cámara de Diputados ha retomado el tema y es el Partido Verde Ecologista de México PVEM el que ha tomado la iniciativa para que se modifique la Constitución y se vuelva aplicar la pena capital. El presidente López Obrador no está muy convencido porque evidentemente la propuesta estremece conciencias, tendrá fuertes resistencias y provocará el posicionamiento iracundo de una ultraderecha reaccionaria, moralina y conservadora que encuadra en alguna de las definiciones arriba expuestas.
Coyuntural o no por el hartazgo social manifiesto, consecuencia de una violencia desencadenada, alentada y permitida por años desde las entrañas mismas del poder, la mayoría de los mexicanos, apuesto a que estaríamos de acuerdo en que se aplique la pena máxima a delincuentes que secuestran, descuartizan, atracan, violan y matan y que luego encobijan, embolsan y tiran como montón de basura cuerpos de mujeres, niñ@s, jóvenes y ancianos.
Algunos sostendrán que la pena de muerte es parte de la cultura de los países subdesarrollados, empero, esta percepción no es válida ni admitida por decenas de comunidades del mundo, ya que, en países poderosos del mundo como Estados Unidos de Norteamérica, Bielorrusia, Corea del Norte, Egipto, Emiratos Árabes, Japón, Singapur. Arabia Saudí y Taiwán, entre otros y que son potencias o entidades de primer mundo, la pena máxima es aplicable.
Que si el tema es escabroso sí; si lo es, pero en estados y regiones de la República que literalmente son tierra de nadie y que para desgracia nuestra son la mayoría, los legisladores federales y los Congresos locales deben abrir su mente, revisar antecedentes, analizar, valorar, consultar y decidir si en México se justifica o no la pena de muerte.
Deben hacerlo sin temores y sin prejuicios, sin presiones de Cortes Internacionales o de organismos que promueven la amnistía, simplemente porque es la exigencia de una sociedad que no pide venganza, pero sí clama y existe justicia ante cientos de crímenes no resueltos, harta impunidad y tanta complacencia.
El método de aplicación de la pena máxima es lo de menos, eso habrá que dejarlo al ámbito político y jurídico. Esta puede ser por electrocución, ahorcamiento, fusilamiento, lapidación o inyección letal, al final del día es menos doloroso que la saña con la que han actuado todos esos homicidas que han arrancado vidas, que han fragmentado, pervertido y dañado el tejido social y que indudablemente han roto el alma a cientos de familias en México.
Legalmente la figura de la consulta popular existe, y ya es tiempo de que sea la propia sociedad quien decida. ¿O no?
Hasta pronto
