La legisladora del Partido Acción Nacional, Josefina Salazar Báez, presentó dos iniciativas que coinciden en el perfeccionamiento y fortalecimiento del mecanismo de la Alerta de Género, que busca proteger la vida e integridad de las mujeres en nuestro país.

Los dos instrumentos parlamentarios tienen como objetivo reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y forman parte de un paquete de propuestas legislativas encaminadas a reformar el mecanismo que tiene por objeto evitar la violencia feminicida.

La primera iniciativa, propone asignar atribuciones para que la Secretaría de Gobernación, además de declarar el inicio de la Alerta de género, pueda establecer su finalización, al tratarse de un aspecto que no se encuentra regulado; además, que la Secretaría, pueda revisar de manera periódica las acciones emprendidas con motivo de la declaración y hacer posible la realización de análisis que permitan conocer las fortalezas y debilidades del mecanismo en cada caso, y que, previo cumplimiento de las disposiciones aplicables, también se puedan incorporar nuevos Municipios a los mecanismos de Alerta vigentes.

Salazar Báez hizo hincapié en que la reforma traería beneficios como fortalecer la capacidad de realizar balances entre recursos, acciones y cumplimiento de objetivos de la Alerta; destacó que se pondrían las bases para la evaluación, el control de recursos y la detección de subejercicios, e incluso se podrían comparar fácilmente las experiencias de distintos casos de declaratorias entre sí.

La segunda iniciativa presentada por la legisladora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, esta busca reconocer en la Ley que la violencia feminicida, en su característica de violencia extrema contra las mujeres, es producto de condiciones estructurales, culturales e históricas en el país, por lo que ninguna territorialidad está exenta de ella, y por ese motivo, se pretende establecer que la Alerta por Violencia de Género también pueda ser declarada de forma regional, incorporando municipios de distintas entidades.

Indicó que de esta forma se incorpora el principio de coordinación para el trabajo conjunto entre diferentes gobiernos municipales y estatales y reconociendo fenómenos criminológicos que tienen expresiones que no respetan límites geográficos o adscripciones políticas.

Reveló que la propuesta también busca coadyuvar a resolver un problema recurrente: que en algunos casos, las autoridades locales no quieren reconocer públicamente la problemática de la violencia feminicida, lo que se traduce en obstáculos para la declaratoria

y sus promotores, al considerar erróneamente los primeros, que la Alerta puede constituir un señalamiento al desempeño y a los resultados de las políticas de seguridad.