Una funcionaria de la Procuraduría Agraria que se desempeñaba como encargada jurídica de dicha institución fue removida de sus funciones y ahora enfrenta un proceso de inhabilitación luego de que se comprobara que, desde su posición, realizaba determinadas acciones que terminaban favoreciendo a grupos específicos, sobre todo de desarrolladores y constructores en zonas donde hay conflictos por las tierras y la tenencia de la propiedad.

El abogado Carlos Covarrubias Rendón explicó que esta situación se registró en fechas recientes cuando se intentó informar a la Procuraduría Agraria sobre los agravios y demás perjuicios que se están suscitando en torno a las tierras de San Juan de Guadalupe y su anexo Tierra Blanca. En el acto, les informaron sobre lo que había sucedido con dicha funcionaria además de que se les dio la guía para poder intervenir ante los hechos que enfrentan como comunidad.

En ese sentido, el litigante insistió en que este tipo de situaciones demuestran no sólo la corrupción que puede llegar a darse en las instituciones públicas sino también en los dados que se pueden provocar para la ciudadanía ya que, por fortuna, esta funcionaria fue descubierta pero no se sabe cuántas personas más en la misma condición estén atendiendo los conflictos agrarios en todo San Luis Potosí.