Con el fin de garantizar la tranquilidad en los centros escolares, erradicando con ello prácticas que recaen en violencia de cualquier tipo, el pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma a diversos artículos de la Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis Potosí, propuesta por la diputada Martha Orta Rodríguez.

Esta reforma establece acciones para generar un ambiente de seguridad y orden en la comunidad escolar y su entorno, incluyendo la prevención de la violencia, y la reconstrucción del tejido social con programas y acciones específicas.

Por otro lado, define claramente lo que debe entenderse por Plan de Intervención, como el conjunto de acciones sistemáticas encaminadas a brindar la atención integral a las víctimas; incluye el desarrollo de estrategias para la aplicación de métodos alternos de solución de conflictos de controversias.

La violencia en los centros educativos es un aspecto que no se puede ignorar, no obstante los esfuerzos encaminados para abatir esta problemática, se establecen precisiones que brinden certeza jurídica tanto a los educandos como al personal que labora en los centros educativos, privilegiando la concordia y tranquilidad al interior de las instancias educativas.

Se incluye el establecer la impartición de capacitaciones constantes en las que se incluyan programas y talleres, así como incentivar la certificación con carácter obligatorio en materia de atención y prevención de la violencia para el personal que labore en los centros escolares.

Se establece como parte del trabajo del Procurador de Protección de la Familia, Niñas, Niños, Adolescentes, y la Mujer, el brindar asesoría jurídica y acompañamiento integral a las víctimas y victimarios de acoso escolar, entre otras acciones.

Dentro del fortalecimiento de valores está el de propiciar y conservar la cultura y un ambiente de paz, así como el sano desarrollo y convivencia en los planteles educativos; en ese sentido también se prevé cómo prevenir factores de riesgo y cómo deben ser resueltos de forma inmediata.

Igualmente se prevé a favor de las víctimas, no sólo el brindar asesoría jurídica, que ya lo establece, sino que, además, se vuelve un imperativo brindar acompañamiento integral a las mismas, lo que permitirá dar certeza jurídica a las víctimas.

Por último, se estipula una periodicidad para que los comités de prevención y seguridad escolar sesionen, lo anterior con el objeto de informar al Consejo Estatal de Prevención y Seguridad Escolar sobre las políticas en materia de prevención de la violencia escolar.