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San Luis Potosí

Eliminan el concepto de gestoría institucional

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viernes, marzo 29, 2024

En sesión extraordinaria el pleno del Poder Legislativo reformó su Reglamen Interno y Ley Orgánica para eliminar el rubro de gestoría institucional para eliminar el concepto de gestoría institucional, considerando el principio general de derecho de que las autoridades sólo pueden hacer aquello que está establecido expresamente en la ley.

Sobre todo porque si bien es cierto en el esquema administrativo actual se establecieron reglas de operación para el ejercicio de la gestoría institucional, también lo es que dicho concepto no es compatible con las nuevas disposiciones que contempla la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Con la aprobación de esta reforma, que fue con 23 votos a favor y 3 en contra, el Congreso del Estado contará con disposiciones orgánicas que lo harán transitar de manera compatible con las normas establecidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y con la posibilidad de cumplir con parámetros de trasparencia y ejercicio de gasto en base a resultados.

Además, se privilegiará que el ejercicio y la administración de los recursos públicos a disposición de este Poder Legislativo se realicen con base a los criterios de legalidad, honestidad, austeridad, economía, racionalidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia.

Lo anterior se justifica en razón a que en congruencia con la situación económica que atraviesa el país, era necesario realizar un análisis sistemático de los apoyos que verdaderamente son necesarios para la eficiencia de las tareas que desarrolla esta Legislatura, pero sobre todo, son acordes con la realidad financiera del país, de nuestro estado y de lo que demanda la sociedad.

Las iniciativas de reforma que se sometieron a votación del pleno este jueves en sesión extraordinaria, son las que presentaron el Consejo Ciudadano de Transparencia del Congreso del Estado para modificar el Reglamento Interno, y la de los diputados para modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.

Con esta reforma se modifica el denominado Comité de Orientación, Gestoría y Quejas para quedar como Comité de Orientación y Atención Ciudadana, y se elimina lo relacionado a: Apoyar en la medida de las posibilidades presupuestales del Congreso, conforme a la partida que le sea asignada para tal efecto.

Además, se puntualiza que las atribuciones de la Junta de Coordinación Política serán, entre otras: Ejercer y vigilar el correcto ejercicio del presupuesto del Congreso, a través de la Oficialía Mayor, de conformidad con las atribuciones que establece el artículo 57 de la Constitución y el artículo 17 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Y de las atribuciones, entre otras, del Coordinador de Finanzas se elimina el efectuar el pago de apoyos legislativos y de gestoría, para quedar de la manera siguiente: Efectuar el pago de viáticos a los grupos parlamentarios y diputados, comisiones legislativas, todo ello de conformidad con la normatividad autorizada por la Junta de Coordinación; según se establece en el dictamen aprobado.

Después de este asunto, el pleno del Poder Legislativo aprobó por mayoría, con 16 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, y expedió la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, que abroga la vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado, la cual propiciará un crecimiento planeado, ordenado, sostenible, resiliente, equilibrado, con mayor participación social, movilidad adecuada y que atienda las necesidades primordiales de la sociedad y coloque el bienestar de las personas y los derechos humanos que rigen en esta materia como su objeto primordial.

En la exposición de motivos del dictamen aprobado se señala que la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de noviembre de 2016, ordena en su artículo tercero transitorio lo siguiente: “En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento.

“En el caso de la Ciudad de México, la Legislatura de la Ciudad de México, las autoridades del gobierno central y de las Demarcaciones Territoriales correspondientes, deberán efectuar las adecuaciones legislativas y reglamentarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con las disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México una vez que entren en vigor.”

Es así que con el propósito de armonizar la legislación estatal con la Ley General referida, y en cumplimiento de lo ordenado por la misma, se expide esta nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado, que abroga la vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado, a fin de fortalecer la legislación urbana y los sistemas de gobernanza, con disposiciones que proporcionen seguridad y estabilidad; que promuevan la inclusión social y económica; y den certeza jurídica y equidad en el proceso de urbanización.

Esta ley impulsa nuevas condiciones de gobernanza y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, con especial énfasis en la participación social, particularmente en zonas metropolitanas; formula y adecúa los programas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano. Asimismo, regula el control, vigilancia, autorización y regularización de las acciones urbanísticas, entendidas éstas como los fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y modificaciones de los inmuebles, así como de los desarrollos en régimen de propiedad en condominio, en virtud de que son parte fundamental para el crecimiento organizado del territorio de nuestro Estado; entre otros preceptos.

OTROS DICTÁMENES

Se aprobó por unanimidad reformar el Código Penal del Estado de San Luis Potosí y la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer que cuando se ejerza violencia a un o una menor por ambos progenitores, la autoridad competente deberá, primeramente, valorar y designar a otro familiar idóneo para que asuma a responsabilidad del o la menor.

Fue aprobado por unanimidad reformar el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de dar certeza jurídica al emplazamiento y garantizar una justicia pronta, así como los principios que rigen la función judicial, como lo son, el debido proceso, la equidad entre las partes, la seguridad jurídica y la credibilidad de los órganos de impartición de justicia, estableciendo la legalidad de emplazar a juicio a la demandada, en los estrados del juzgado o en el área de ejecuciones, cuando ésta acuda directamente a ellos, observando factores fundamentales que den seguridad a dicho acto jurídico, el cual se traduce en la observancia al derecho de audiencia, y de defensa del justiciable.

Se aprobó por unanimidad agregar párrafo al artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos del municipio de Ciudad Valles para que se condone el pago del impuesto predial para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 respecto de la propiedad de inmuebles, tanto de casa-habitación; como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria de temporal, pago que deberá ser cubierto a más tardar el quince de septiembre de dos mil dieciocho, siempre y cuando se cubran los que correspondan a los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

Fue aprobado por unanimidad reformar la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, a fin armonizarla con la legislación federal y establecer lo relativo al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que sustituye al Fondo Estatal para la Educación Básica y Normal. Además, se clarifica que El Ejecutivo del Estado, a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública, programará y ejercerá las partidas presupuestales derivadas del Fondo Estatal para la Seguridad Pública, que realizaba la Secretaría de Seguridad Pública.

Asimismo, se realizan adecuaciones para sustituir el término “senectos” por el de “personas adultas mayores”; el cambio de denominación de la “Procuraduría General de Justicia del Estado”, en “Fiscalía General del Estado”; se sustituye la referencia que se hace a “Centros Penitenciarios y de Menores Infractores”, para referirse en su lugar a “Centros de Prevención y Reinserción Social”, y “Centros de Internamiento Juvenil”.

Se aprobó unanimidad reformar la Ley de Adquisiciones; Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí; Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley de Bebidas Alcohólicas; Ley de Bienes y Municipios del Estado, entre otras, para actualizarla en materia de la desindexación del salario mínimo, a través de la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que tiene la finalidad de que el salario mínimo ya no sea utilizado como indicador, unidad, base, medida o referencia, para fines ajenos a su naturaleza.

Fue aprobado por unanimidad reformar la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí para incluir entre sus preceptos la perspectiva de género.

Se aprobó por mayoría, con 19 votos a favor y 1 abstención, reformar la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer a nivel estatal que quien presida la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado participe en el Sistema Estatal de Desarrollo Social, a fin de estar en condiciones de abonar a modificaciones normativas que se puedan realizar en materia del fortalecimiento de la política social de la entidad.

Fue aprobado por unanimidad reformar el Decreto Legislativo número 835, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil diecisiete, relativo a los valores unitarios de suelo y construcción, ejercicio fiscal 2018, para adicionar sectores, y las colonias de referencia, ya que el ajuste al valor del terreno debe ubicarse en el correspondiente al 2%, y de esta manera se genera certidumbre para los propietarios. En consecuencia se adicionan dos sectores; así como las correspondientes áreas homogéneas; y las colonias respectivas. Por lo que se modifica la tabla relativa a los «valores unitarios de suelo en areas homogeneas del municipio de San Luis Potosí, 2018», para que se fije el 2% del valor de ajuste, y no el 4.5% que se establecía.

Se aprobó por unanimidad reformar e el Reglamento para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Congreso del Estado, para sustituir la definición de “Unidad Responsable” por el de “Área”, como ya lo establece la Ley de Transparencia Local, y que se refiere a los órganos de Decisión, de Dirección, de Trabajo Parlamentario, de Soporte Técnico, y de Control, así como las unidades administrativas. Asimismo, se delinea el procedimiento para la difusión de la información pública y las funciones que al respecto tendrán las diversas áreas administrativas. De esta forma, se da certeza y reafirma el compromiso del Poder Legislativo con la transparencia, la rendición de cuentas, y el combate a la corrupción.

Se aprobaron por unanimidad los dictámenes que desecharon por improcedentes las iniciativas que pretendían reformar la Ley para la Inclusión de las Pesonas con Discapacidad; y Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí.

Además se retiraron del orden del día los dictámenes que reformarían la Constitución Política del Estado, en materia del procedimiento para elegir al Fiscal General del Estado; y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en materia del manejo de recursos excedentes que reciba la entidad.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE Y COMISIONES LEGISLATIVAS

Se aprobó la propuesta de la Junta de Coordinación Política para reestructurar la Diputación Permanente del Congreso del Estado, por lo que se eligió a los diputados Jorge Luis Díaz Salinas y Héctor Mendizábal Pérez como suplentes, primero y segundo, respectivamente.

Posteriormente a su elección, los legisladores rindieron protesta de ley para desempeñar el cargo mencionado en la Diputación Permanente. Díaz Salinas y Mendizábal Pérez sustituyeron a Raúl Zúñiga Padilla y Juan Antonio Cordero Aguilar, respectivamente.

Fueron aprobadas las propuestas de la Junta de Coordinación Política para reestructurar las comisiones legislativas, del Agua para que se integre el diputado Jorge Luis Díaz Salinas como secretario; de Asuntos Indígenas para integrar a los diputados Martha Orta Rodríguez, Héctor Meraz Rivera y Oscar Bautista Villegas como presidente, secretario y vocal, respectivamente.

De Asuntos Migratorios para integrar a los diputados Roberto Alejandro Segovia Hernández y José Luis Romero Calzada como presidente y vocal, respectivamente; de Comunicaciones y Transportes para integrar a los diputados Oscar Carlos Vera Fábregat y José Luis Romero Calzada como vicepresidente y secretario, respectivamente; de Derechos Humanos, Igualdad y Género para integrar a losn diputados Martha Orta Rodríguez, Héctor Meraz Rivera y Oscar Bautista Villegas como secretaria y vocales, respectivamente.

De Desarrollo Económico y Social para integrar a la diputada Martha Orta Rodríguez como secretaria; de Desarrollo Rural y Forestal para integrar a los diputados Héctor Meraz Rivera y Jorge Luis Díaz Salinas como presidente y vocal, respectivamente; de Desarrollo Territorial Sustentable para integrar al diputado José Belmarez Herrera como secretario; de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para integrar a los diputados María Graciela Gaitán Díaz, María Rebeca Terán Guevara y Jorge Luis Díaz Salinas como presidenta, vicepresidenta y vocal, respectivamente.

De Gobernación para integrar a los diputados Oscar Carlos Vera Fábregat y Roberto Alejandro Segovia Hernández como vicepresidente y vocal, respectivamente; de Hacienda del Estado para integrar a la diputada María Rebeca Terán Guevara como vocal; de Justicia para integrar a los diputados Martha Orta Rodríguez y Oscar Bautista Villegas como vocales; Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal para integrar a los diputados María Rebeca Terán Guevara y Héctor Meraz Rivera como secretaria y vocal, respectivamente; de Puntos Constitucionales para integrar a los diputados Oscar Bautista Villegas y Oscar Carlos Vera Fábregat como vicepresidente y vocal, respectivamente; de Salud y Asistencia para integrar al diputado José Luis Romero Calzada como vocal.

Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal para integrar a los diputados José Luis Romero Calzada, José Belmárez Herrera, Oscar Carlos Vera Fábregat y Roberto Alejandro Segovia Hernández como presidente, vicepresidente, secretario y vocal, respectivamente; de Transparencia y Acceso a la Información Pública para integrar al diputado Jorge Luis Díaz Salinas como vicepresidente.

También se aprobó la incorporación de los diputados Esther Angélica Martínez Cárdenas, Mariano Niño Martínez y José Belmares Herrera como presidenta, vicepresidente y secretario, respectivamente, de las comisiones jurisdiccionales para sustanciar el procedimiento de juicio de responsabilidad administrativa en contra del presidente, síndico y regidores del ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, administración 2015-2018; de Santa María del Río, administración 2009-2012; y de Villa de Arriaga, administración 2015-2018.

La diputada Martha Orta Rodríguez se incorporó como vocal de la comisión jurisdiccional para sustanciar el procedimiento de juicio de responsabilidad administrativa en contra del presidente, síndico y regidores del ayuntamiento de Mexquitic de Carmona, administración 2015-2018. Posteriormente a su elección, los legisladores rindieron protesta de ley para desempeñar el cargo mencionado.

Agotados los asuntos agendados se citó de inmediato al pleno del Congreso del Estado a sesión solemne para, ante la presencia del licenciado Juan Ramón Nieto Navarro y el Consejero de la Judicatura Carlos Alejandro Ponce Rodriguez, representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, respectivamente, clausurar su Décimo Periodo Extraordinario.

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