Los integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO), Adrián Charbel Moctezuma Ávalos, Andrés Carlos Covarrubias Rendón y Antonio de Jesús Hernández, denunciaron que han visto y encontrado acciones concertadas desde el poder político y económico para establecer la apropiación de territorios en casos como Mexquitic de Carmona, en comunidades como Guadalupe Victoria y su Anexo La Cruz, Suspiro Picacho y Paso Blanco, por mencionar algunas, y donde estacan los casos de las empresas HABI y CALETTO, así como el grupo corporativo Mexicanos al Cien.

«La forma es aparentemente sencilla pero a la vez escalofriante. Obtienen constancias municipales de áreas con o sin empadronamiento y luego localizan personas que se asuman dueños o herederos. Pactan formas de compra-venta con el aval de jueces auxiliares. Posteriormente promueven ante un juzgado una orden de inscripción ante el Instituto Catastral y Registral en el Estado.
Esta cuestión ha generado confrontaciones y choques entre los núcleos de población y el Gobierno Estatal y Municipal», expusieron.

Por éste motivo, señalaron que tuvieron la iniciativa de evaluar el funcionamiento del Instituto Registral y Catastral de San Luis Potosí, y donde encontraron que el mismo había tenido un proceso de Modernización. «Entonces nos avocamos a ver cómo se había implementado éste programa y establecer con claridad si ésta información pudiera estar siendo manipulada».

Asimismo dijeron que otro proceso grave e irregular es el que se vive en municipios como Villa de Reyes y en los ejidos donde se han implementado compras de terrenos, simuladas para establecer la ubicación de parques logísticos como ha sido BMW, BACHOCO, GENERAL MOTORS en un total de 150 proyectos.

Denunciaron que ejidos como Laguna de San Vicente, Jesús María, El Pardo y/o Rodrigo son coptados bajo un mecanismo fraudulento e infame.
«Los ejidos son infiltrados, se toma el control de los órganos de representación, se generan asambleas para asignar derechos a personas vinculadas a empresas. En esas asambleas se asigna y se genera dominio pleno. Los ejidatarios reciben cantidades, como fue el caso de Rodrigo $13.00 el M2 respecto a 653 hectáreas. Los ejidatarios creen que vendieron, situación falsa pues además se soslaya el derecho de tanto y/o preferencia. El dinero se paga como le convenga al fraccionador, los parques logísticos se instalan y las inmobiliarias, como sucede en el caso de Ciudad Maderas, venden en maqueta pagando con este resultado lo que faltaba a los ejidatarios.
Fusiones de predios, autorizaciones, inscripciones, también fueron un argumento para investigar el resultado de ese programa de modernización»

En cuanto al programa de modernización, comentaron que como consecuencia de los programas de modernización de los sistemas catastrales y regístrales en el País, se impulso desde la emisión de la Ley General de Asentamientos humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y en San Luís Potosí esto se tradujo en la implementación de programas de modernización de la Dirección del Registro Publico de la Propiedad, solicitado por el Instituto Registral y Catastral de San Luís Potosí.

Por tratarse de una estrategia de carácter nacional de la SEDATU es muy importante para el tema del combate a la corrupción verificar el buen uso de los recursos públicos para lo cual es fundamental acceder a información fidedigna. Determinar si de forma paralela a los proyectos de modernización se conformaron empresas construidas desde el poder público y político que fueran beneficiadas con los procesos de licitación.
El 9 de febrero del 2016 se establecieron por SEDATU los lineamientos del programa de modernización.
El comité de evaluación mediante el acuerdo No. S01-16/CGMVRC/2PEI del 2 de Junio del 2016 se autorizó el proyecto ejecutivo de modernización.
Con fecha 15 de Junio del año 2016 se firmó por parte de SEDATU y Gobierno del Estado el convenio 214/PEI/002/2016 respecto a la Coordinación para la modernización del instituto registral y catastral de San Luis Potosí, AC/49/1391/2016.
El financiamiento del programa se estableció en $25,001 248.98, de los cuales correspondió aportar a SEDATU $15,006, 757.98 y en el caso del Gobierno de Juan Manuel Carreras López $ 9,994,496.89.

El fallo de la licitación fue a favor de la empresa “E-SISTEMAS DE COLABORACION EN INTERNET S. C. “. El monto de la misma fue por la cantidad de veinte un millones trescientos sesenta y tres cuatrocientos treinta y seis pesos.

«En este caso se puede observar una diferencia de más de cuatro millones de pesos no obstante que las cantidades quedaron debidamente depositadas en las cuentas bancarias autorizadas.
Pues la partida acordada en el convenio definió un monto de veinticinco millones doce mil cuarenta y ocho pesos».

En San Luís Potosí fue contratado por la Directora del Instituto General Registral y Catastral Margarita Guerrero Ortíz un funcionario de nombre Roberto Herrera Reyes para efecto de operar el proyecto de modernización y se encuentra en la nomina del Instituto Registral y Catastral de San Luís Potosí, dicha persona es hermano de Armando Herrera Reyes quien ocupara en SEDATU el cargo de Director General Adjunto de Evaluación y Seguimiento de dicha Secretaria.

Se presume que los vuelos establecidos en el Folio Partida 007-1 no se realizaron tal y como establece la base de licitación y por lo tanto el contrato que hubiera emergido de la misma.
FOLIO-PARTIDA CONCEPTO E-SISTEMAS DE COLABORACION EN INTERNET, S. C.
0007-1 REALIZAR VUELO FOTOGRAMÉTRICO A COLOR DE LOS 11 MUNICIPIOS SIGUIENTES: AHUALULCO, ARMADILLO DE LOS INFANTE, CERRO DE SAN PEDRO, MEXQUITIC DE CARMONA, MOCTEZUMA , SANTA MARÍA DEL RÍO, VILLA DE ARISTA, VILLA DE ARRIAGA, VILLA HIDALGO, VILLA DE REYES Y ZARAGOZA-, A ESCALA 1:1,000, Y 10 CENTÍMETROS DE PIXEL, DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA DEL SISTEMA GEODÉSICO NACIONAL Y ESTÁNDARES DE EXACTITUD POSICIONAL. SI CUMPLE
0007-2 REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONTROL O APOYO TERRESTRE DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO DIGITAL CON SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL CON DATUM ITRF 92 Y COORDENADAS GOEGRÁFICAS EN SISTEMA UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR ( UTM), LIGADAS AL SISTEMA DE COORDENADA DEL INEGI. SI CUMPLE
007-3 AEROTRIANGULACIÓN DE 70.00 KM2. DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO. SI CUMPLE
007-4 ORTOFOTO DIGITAL DE LA INFORMACIÓN PRODUCTO DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO EN FORMATO DIGITAL ECW Y GEOTIFF SI CUMPLE
007-5 RESTITUCIÓN DIGITAL PLANIMÉTRICA Y ALTIMÉTRICA DE LA INFORMACIÓN PRODUCTO DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO EN FORMATO DIGITAL SHAPE SI CUMPLE

De la misma forma el trabajo de campo establecido en el fallo de la licitación no se tiene certeza alguna se hubiese realizado en base a una metodología confiable. Existen informes de los ayuntamientos involucrados donde se deslindan de alguna intervención en dichos trabajos.

Seria desafortunado el hecho de que se substituyeran los vuelos por información cartográfica de INEGI y que se suplantara el trabajo de campo con el escaneo de los archivos del Catastro del Estado y de los Ayuntamientos involucrados.
No existe rastro alguno de que dichas actividades, vuelos y trabajo de campo se realizarán.

Luego otro aspecto inquietante es que la empresa licitante nunca entregó la información a acordada, pues parte de sus obligaciones serían subcontratadas a terceros que entraron en conflicto con el mismo Instituto Registral y Catastral.

Con fecha 5 de julio del año 2018 se presentaron al Instituto Registral y Catastral del Estado, Beatriz Arango Flores, representante legal de la empresa licitante, Heriberto León Coronado asesor del proyecto y Francisco Guevara Garrido al parecer dueño de la empresa quienes buscaron a la directora del Instituto, pues manifestaron diversa problemática respecto al cierre del programa.
No se encontraba la Directora General por cuestiones de salud y fueron recibidos por la Subdirectora Josefina Lara Saucedo.

El asunto refería a problemas con terceros subcontratados y la falta de acceso a trabajos de campo y vuelos de identificación.

Por lo anterior consideran necesario determinar el nivel de responsabilidad de la Directora General del Instituto Margarita Guerrero Ortíz, pues dicha persona alteró el curso del Proyecto intentando justificar gastos con una actividad jamás realizada. «Es decir, si se investiga los llamados trabajos de campo y los vuelos de identificación daremos cuenta que fue una simulación y que los recursos no están justificados con un trabajo fehaciente.
Este asunto genera un conflicto con el mismo Gobierno el Estado, quien deberá definir hasta que grado tiene conocimiento de las actividades de la Directora General del Instituto»

Explicaron que el Gobierno Federal, a través de la SEDATU, aprobó recursos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por la cantidad de $15’006,752.09 (quince millones seis mil setecientos cincuenta y dos pesos 09/ 100 M. N.) y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 2016 aportó al proyecto la cantidad de $ 9’994,496.89 (nueve millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos 89/100 M. N.) Así el monto total del PEI 2016 San Luis Potosí ascendió a $25,001, 248,98 (veinticinco millones un mil doscientos cuarenta y ocho pesos 98/100 M. N.) sin embargo en ninguna parte se clarifica por que la licitación fue por otra cantidad, es decir, $ 21’363,436.00 (VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.).

«Estos datos contradicen la licitación original, pero, generan certeza de que existió un desdoblamiento respecto a la ejecución de la licitación con empresas que no habían sido beneficiarias del contrato principal».

De igual manera señalan que es sumamente grave que la Lic. Margarita Guerrero Ortiz Directora General del Instituto suscriba un Acta de Cierre estableciendo que el trabajo ha sido concluido pues tienen conocimiento que por su instrucción y alterando la licitación y los contratos que derivan del mismo documento fueron incorporados cuatro Municipios sin que exista un argumento de convicción y jurídicamente sustentable.

«Fueron incorporados por la Directora General cuatro Municipios más como son el caso de: Xilitla, Charcas, Venado y Real de Catorce. Lugares donde tampoco se realizó la actividad en las áreas urbanas que pudieran corresponder».

Advierten que xisten más irregularidades, como fue la compra de un Dron de aproximadamente 750 gramos, hecho de espuma de polipropileno expandido (EPP) estructura de carbono y partes de resina compuestas parte de un kit que tuviera un costo excesivo y que fuera descompuesto por el Instituto Registral y Catastral y del cual se desconoce su paradero. «Lo grave es que el trabajo del dron perdido se pudo haber hecho escaneando planos y manipulando la información del INEGI.
Y como ya afirmamos el trabajo de campo fue una simulación que implicó desde luego el desvío de recursos que solamente podremos conocer si un a autoridad competente investiga de manera oficial el cumplimiento del programa.
Por éste motivo, solicitamos respetuosamente, se genere la investigación en el ámbito de competencia de ésta SEDATU, se llame al Gobierno del Estado y/o a los funcionarios involucrados en el desarrollo del proyecto a efecto de que los órganos de control emitan una resolución vinculatoria a actos de responsabilidad de quienes utilizaron para su propio provecho el recurso público asignado».