El presidente de la Coparmex San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, afirmó que el Sindicato Patronal se mantiene en su postura de rechazar la figura de revocación de mandato que se impulsa desde el gobierno federal, al considerar que la Reforma implicaría graves riesgos para la estabilidad democrática de nuestro país.

“El argumento de que el pueblo pone y el pueblo quita, no es válido para justificar las serias afectaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales que podrían derivarse de la medida”, aseveró el empresario potosino.

Recordó que derivado del diálogo entre partidos, se acordó que la revocación no pueda coincidir ni con las elecciones federales ni con las locales, teniendo prevista la fecha de febrero de 2022. Con ello, dijo, se evita que el Presidente de la República aparezca en las boletas junto con los candidatos que, en la siguiente elección intermedia de 2021, estarán disputándose 300 diputaciones federales, 15 gubernaturas y cientos de alcaldías y diputaciones locales.

“Sin embargo, ello no garantiza la estabilidad de la democracia mexicana, en contraparte, la vulnera. Como mandata la Constitución, los periodos a cargos de elección popular deben cumplirse llanamente a menos que un caso de fuerza mayor impida al electo seguir gobernando”, puntualizó Jaime Chalita Zarur.

El presidente de la Coparmex enumeró cinco motivos por los que se rechaza la revocación de mandato, entre ellos, generación de incentivos para que el Presidente y su partido realicen proselitismo electoral permanentemente, segundo, en los hechos se estaría volviendo menos eficiente el periodo presidencial, dado que los mandatarios destinarían todos sus esfuerzos para ratificarse y no para gobernar.

“El tercero sería que a pesar del ajuste para que los ciudadanos sean los que pueden requerir la revocación de mandato, sólo basta que un Presidente fuerte en popularidad se lo solicite a sus seguidores para que ocurra”, indicó.

El cuarto motivo, dijo, sería que la revocación podría generar incertidumbre política y altos costos económicos y finalmente, el quinto motivo sería que la revocación podría vulnerar los derechos de los ciudadanos que acudieron a las urnas.

“Es necesario que en nuestra Ley quede claramente establecido que, en ningún caso, el Congreso de la Unión o un Congreso Local, puede aprobar un cambio legal –sea cual sea el mecanismo: consulta, plebiscito o referéndum– que tenga como efecto ampliar el periodo de la gestión de un Presidente de la República, un Gobernador o un Senador; lo mismo que un Diputado Federal o Local, Presidente Municipal, Regidor o Síndico”, expresó Jaime Chalita Zarur.