El pleno del Poder Legislativo aprobó y expidió la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí, a fin de  generar una legislación  acorde a la normativa federal en el marco de la operación del sistema nacional de fiscalización.

De tal forma que esta norma privilegia la prevención, en complemento con la Ley General de Responsabilidades, al tener procesos y procedimientos de auditoría homologados a los principios y normas profesionales que han emitido los órganos rectores del sistema nacional de fiscalización, los cuales permitirán garantizar que las sanciones a que haya lugar tengan una mayor certeza.

Además de privilegiar la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría Superior del Estado para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, así como de fortalecer el mecanismo de control y evaluación del órgano de fiscalización a través de la Unidad de Evaluación y Control dependiente de la Comisión de Vigilancia.

Con esta reforma, además de la armonización de la Constitución federal y la Constitución estatal, se  armonizan los preceptos locales con normas federales tales como la Ley General de Contabilidad Gubernamental con relación al contenido y presentación de las cuentas públicas; con la Ley General de Responsabilidades relativo a contar con unidades de investigación y substanciación; con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria relativa a la presentación de los informes trimestrales y de avance en los procesos de revisión de las Cuentas Públicas; así como con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación con relación a la creación de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia.

Por la cantidad de artículos reformados de esta ley, 98 en total,  se consideró que es una nueva legislación aunque con el mismo nombre: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de San Luis Potosí.