El sistema penitenciario en el Estado es deficiente, el gobierno debe garantizar el buen gobierno de las cárceles que en 2015 estuvieron a más del cien por ciento de su capacidad en San Luis Potosí, es lo que recalcó el diputado Rubén Guajardo Barrera, Presidente de la Comisión de Justicia, al considerar que existen fuertes carencias por resolver y el hacinamiento es uno de ellos, ya que nos mantenemos en más del 90 por ciento de las posibilidades de atención.
Explicó que los últimos datos del sistema penitenciario apuntan serias irregularidades en aspectos como la alimentación deficiente, la separación entre procesados y sentenciados, la falta de personal de seguridad, los programas de prevención de adicciones o desintoxicación, la higiene, y las actividades educativas y deportivas; aunque se debe considerar que estamos en los límites de sobrepoblación.
San Luis Potosí conserva en los últimos años un problema de saturación, como lo recalca el documento Estadísticas sobre el Sistema Penitenciario en México 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que alerta sobre este fenómeno que no debe pasar desapercibido desde los gobiernos y sus leyes “no hay que restarle importancia a estos temas, ya que del buen gobierno de este tipo de espacios, parten las buenas prácticas y una correcta prevención y reinserción social de sus comunidades”.
En 2010 había 183 mil 247 personas privadas de la libertad y en 2015 se registraron 217 mil 595 en todo el país, lo cual indica una variación del 19 por ciento respecto a la capacidad instalada y San Luis Potosí ha observado incrementos, por lo que no está de más voltear a ver el sector antes de que sea más difícil atenderlo “en el año de 2015 tuvimos un 104 por ciento de sobrepoblación, pero ha sido desde el 2011 en que nos hemos mantenido en niveles superiores al 90 por ciento, pero de ahí no hemos bajado, hay que encender las alarmas”.
Este exceso en la densidad penitenciaria, apunta que hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o para la totalidad del sistema, quienes no cuentan con camas útiles, pero además se ha detectado que estas personas privadas de la libertad cuentan con características sociodemográficas difíciles como que la mayoría sólo tiene una escolaridad básica, pues solo cuentan con la secundaria un 39.1 por ciento, el preescolar y primaria un 30.4 por ciento, mientras que la preparatoria la han cursado un 12.5 por ciento y hay un 10 por ciento que no cuenta con ninguna.
