La declaratoria de Emergencia Nacional por el COVID19 anunciada la tarde-noche de este lunes 30 de marzo por el gobierno federal puso ya de cabeza a nuestro país. En el contexto de salud para evitar una pandemia incontrolable y altamente costosa, las acciones anunciadas son ampliamente justificadas para el cuidado de la salud de los mexicanos más no así las disposiciones laborales y económicas.
A menos que el presidente López Obrador tenga alguno o varios ases bajo de la manga para la mañanera de este martes, los inversionistas enfrentarán una grave crisis que impactará principalmente en las pequeñas y medianas empresas que no tienen liquidez o solvencia para resistir un mes pagando sueldos y prestaciones a sus empleados, esto, una vez que paralicen su producción y la comercialización de sus productos.
En calidad de mientras, en medio de la incertidumbre económica y de la crisis que enfrentarán fundamentalmente los medianos y pequeños empresarios, el gobierno de la Cuarta Transformación mantendrá vigentes y activos durante la emergencia los programas sociales dirigidos a jóvenes, a adultos mayores de 68 años, a madres solteras, a discapacitados y otros sectores pobres de la sociedad.
Lo anterior, significa que el gobierno de AMLO no está dispuesto a aumentar el riesgo de su nivel de popularidad que, desde hace un par de meses comenzó a transitar en picada por la curva descendente, ni muchos menos sacrificar la posibilidad de que durante la emergencia, se suspendan los pagos de cuotas obrero-patronales al IMSS argumentando que el sector salud necesita más dinero.
Hasta ahora, tampoco se ha planteado, la posibilidad de aplazar el pago del IVA, el ISR, el pago al INFONAVIT y al FONACOT mientras que los inversionistas pequeños y medianos se capitalizan. Eso sí, – ya lo dijeron, – el pago de sueldos es obligatorio bajo la advertencia que de no cumplirse, los empresarios serán acreedores a sanciones administrativas, económicas y hasta penales.
Los genios de la economía de la 4T, no ofrecen salidas o alternativas y, su disposición laboral, en medio de la emergencia de salud parece más bien la de un estado totalitario. Hasta anoche, no hubo ningún pronunciamiento que le pudiera conceder respiro y tranquilidad a las PYMES, y, las reacciones inmediatas fueron en el sentido de que el gobierno federal se precipitó, no midió consecuencias o de plano fue deliberada la acción de paralizar la planta productiva.
Difícil le resulta al presidente López Obrador, admitir o considerar recomendaciones inteligentes de gente como Agustín Cartens, ex Secretario de Hacienda, que plantea como medida alterna y urgente, proporcionar a cada pequeño y mediano empresario un préstamo garantizado por el gobierno, semejante o igual a la cantidad de impuestos que pagó al fisco durante el año pasado, principalmente a aquellas empresas que mostraron rentabilidad.
Cartens menciona, que los bancos no son parte del problema, sino parte de la solución, y, para ello justamente, la banca ya puso en marcha un programa de aplazamientos de pagos por créditos inmobiliarios, tarjetas de crédito y prestamos automotrices entre otros, mientras que el gobierno de AMLO esta solamente centrado en no suspender sus programas sociales a segmentos de la población que no pagan impuestos.
En este contexto, bien podríamos resumir que, ante la declaratoria de emergencia nacional, efectivamente el gobierno federal esta retrasando la crisis sanitaria, entendible esto si partimos de que el sistema nacional de salud lo reclama y porque carece de la suficiencia financiera para enfrentar la tercera fase de la contingencia, sin embargo, este lunes, el país ingresó a la etapa de depresión económica más crítica que se tenga memoria en las últimas décadas.
Ya lo he dicho. Esto apenas comienza. La crisis de salud y económica es ya un hecho, ahora, vendrá la crisis social y política. Hasta pronto
deleoncardona@hotmail.com
