Ven una solución incompleta

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De no aprobarse la Ley General de Seguridad Pública, que permite la creación de un mando mixto policial, se daría una solución incompleta al problema de inseguridad en el país, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente de la central, Gustavo de Hoyos, consideró que dicha legislación debe acompañar a la Ley de Seguridad Interior, cuyo decreto fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se encuentra en el Senado para su discusión.

“Al aprobar únicamente la Ley de Seguridad Interior y al mismo tiempo desechar la Iniciativa de Ley General de Seguridad Pública, que había aprobado el Senado, la Cámara de Diputados está construyendo una propuesta de solución incompleta a los desafíos del país en materia de seguridad pública”, subrayó.

A través de esa vía se atacan los efectos y no las causas de la inseguridad, agregó.

“Esta decisión de los diputados no va al fondo de la problemática y limita la posibilidad de contar con policías capacitadas”, afirmó el líder empresarial, y agregó que ambas iniciativas de ley deben ser aprobadas y puestas en operación de manera paralela.

El dictamen de Ley de Seguridad Interior aprobado por la Cámara de Diputados, consideró, contiene aspectos que deben ser analizados a fondo por el Senado.

“Pedimos al Senado de la República realizar un análisis a profundidad, con la intervención de la sociedad civil, y realizar las adecuaciones que sean pertinentes al proyecto de Ley de Seguridad Interior que aprobó la Cámara de Diputados, enmendando todo aquello que ponga en riesgo la normalidad legal”, planteó De Hoyos.

URGENCIA POLÍTICA

Integrantes de organizaciones sociales acusaron que la Ley de Seguridad Interior tiene implícitos intereses político-electorales.

A esto obedece, aseveraron en conferencia de prensa, la urgencia de que la propuesta sea aprobada en menos de dos semanas en el Senado.

“Los senadores del PRI, del Partido Verde y los llamados rebeldes del PAN preparan el equivalente a un autogolpe militar, negociado y avalado por los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

“Se avecinan tiempos electorales y todos los candidatos quieren a los soldados de su lado. El Ejército propone y el Congreso dispone, a la orden, a la orden para aprobar una ley que ampliaría el concepto de uso legítimo de la fuerza”, dijo la politóloga Denise Dresser, de Seguridad Sin Guerra.

María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común, señaló que a 11 años de la salida de las Fuerzas Armadas de sus cuarteles, ha habido una serie de atentados contra la población, por lo que la aprobación de la ley implica un peligro para la ciudadanía.