¿Quién es el responsable de la impunidad en México?

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El Estado mexicano en su conjunto es responsable de los altos niveles de impunidad. El Estado entendido no solo como el gobierno de la República que es depositario del poder Ejecutivo y tiene bajo su manto la responsabilidad del sistema de seguridad, el eslabón de la investigación de los delitos, la administración del sistema penitenciario y la salvaguarda federal de los derechos humanos.

 

 

El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de adecuar el sistema legal para impedir que existan vacíos legales que permitan la impunidad, asigna el presupuesto a las instituciones de seguridad y justicia y debe auditar el buen ejercicio del gasto y los resultados de las mismas.

 

 

También los congresos locales tienen la responsabilidad de velar por presupuestos suficientes para la seguridad y justicia y mejorar los mecanismos de evaluación de resultados y supervisión del gasto correcto en estas materias.

 

 

El Poder Judicial debe ser independiente del poder político para administrar la justicia de manera pronta y expedita para todo aquel que la necesite. Finalmente los gobiernos estatales, congresos y poderes judiciales locales son los primeros responsables de atender las demandas de seguridad, justicia y protección de derechos humanos para acotar el problema de la impunidad.

 

 

La delincuencia organizada y la impunidad tienen relación. En seis estados en los que pidieron apoyo de la federación para combatir a la delincuencia organizada, y en los que desde 2007 se establecieron operaciones conjuntas entre autoridades federales y estatales, encontramos impunidad muy alta (Baja California, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas y Durango).

 

 

Los otros dos estados (Sinaloa y Chihuahua) presentan estadísticas de impunidad alta y media respectivamente.

 

 

Finalmente, un Estado moderno está formado por una sociedad activa que exige cuentas a sus autoridades. En este sentido, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, universidades, medios de comunicación y organismos constitucionales autónomos deben contribuir al análisis y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad y justicia.