La penosa situación del sistema carcelario en Nuevo León

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La madrugada del 19 de febrero del 2012,  la complicidad de los custodios del Penal de Apodaca permitió la fuga de 30 reos y el asesinato de 44.

En su momento, las autoridades estatales admitieron que internos alojados en el dormitorio C recibieron facilidades para ingresar al Delta y armados con palos, objetos punzocortantes y piedras privaron de la vida a reclusos de un bando rival.

Cinco años después, autoridades carcelarias de ese mismo centro penitenciario permitieron que un grupo de seis prisioneros recibieran vejaciones por parte de otros reos.

Los sucesos fueron exhibidos a través de un video que circuló en redes sociales. En el mismo podía verse como los prisioneros eran sometidos y obligados a fregar pisos, mientras estaban desnudos o vestidos con lencería.

También un reo fue obligado a practicar una felación.

Como respuesta de este hecho, este domingo, se anunció el cese del Subdirector de Seguridad, el Jefe de Seguridad en turno y el Jefe del área de Seguridad.

Sin embargo, la situación del sistema carcelario en Nuevo León parece necesitar mucho más que eso porque desde hace años, organismos no gubernamentales y de derechos humanos han denunciado el autogobierno que impera en las cárceles del estado.

Nuevo León tiene tres centros penitenciarios, Apocada, Cadereyta y Topo Chico, en todos ellos hay un común denominador: la sobrepoblación y el hacinamiento.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, en repetidas ocasiones ha hecho hincapié en las condiciones en que permanecen los reclusos.

Los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos no solo se han presentado en el Penal de Apodaca, el del Topo Chico ha sido escenario de cruentos acontecimientos.

El 11 de febrero del 2016 se registró una de las peores masacres carcelarias de las que se tiene registro en la entidad.

El saldo fue de 49 muertos y 12 lesionados de gravedad. El detonante de ese suceso fue la  pelea entre grupos antagónicos, uno lidereado por Jorge Iván Hernández Cantú alias “El Credo” y Juan Pedro Saldívar alias “Z-27”.

El brutal acontecimiento fue la “punta del iceberg” que evidenció, el cobro de cuotas, las extorsiones, las celdas con privilegios, la venta de drogas, todo eso en el interior del penal, con el conocimiento de los propios directivos.