La Corte congela el tope a salarios; pese a resistencia, habrá austeridad: Delgado

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CIUDAD DE MÉXICO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que señala que ningún funcionario debe ganar más de los 108 mil pesos que percibe al mes el Presidente de la República.

Al admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por senadores de oposición, el ministro Alberto Pérez Dayán expuso que dicha suspensión no impide a la Cámara de Diputados subir o bajar los sueldos como lo considere, pero sí le prohíbe utilizar la ley, impulsada por Morena, para asignarlos.

Así, los salarios tendrán que ser fijados según los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, y el tercero transitorio de la reforma de 2009 a la Carta Magna, que puso como tope el sueldo del Presidente.

En el caso de jueces, magistrados, ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura y los electorales, deberán respetarse sus salarios, pues se encuentran protegidos por la propia Constitución.

En respuesta, el diputado Mario Delgado afirmó que, a pesar de la suspensión de la Corte, el Presupuesto 2019 tendrá recortes al sueldo de la alta burocracia.
SCJN congela la ley sobre altos salarios

El ministro Alberto Pérez Dayán da entrada a la controversia interpuesta por senadores opositores y otorga una suspensión provisional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que señala, entre otros puntos, que ningún funcionario puede obtener un sueldo mayor al que perciba el Presidente de la República.

El  ministro Alberto Pérez Dayán admitió ayer a trámite la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la oposición en el Senado, en la que se expone que la suspensión de la ley no impide a los legisladores incrementar o reducir los sueldos como lo consideren, pero sí prohíbe usar la Ley de Salarios impulsada por Morena para fijar los mismos.

“Con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el ejercicio 2019, no sean fijados en términos de la ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia”, señala el acuerdo.
Pérez Dayán explica en el documento que los salarios tendrán que ser fijados tomando como base lo que prevén los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución, así como el tercero transitorio de la reforma de 2009 a la Carta Magna, que fijó como tope el salario del titular del Ejecutivo.

En el caso de los jueces, magistrados y ministros de la SCJN, así como consejeros de la Judicatura y electorales, el Congreso deberá respetar sus percepciones salariales al estar protegidos por la misma Constitución.

De esta forma, el Congreso deberá elaborar en los próximos días el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, como lo hizo cuando avaló el del ejercicio fiscal 2018, tomando en cuenta lo que dicta la Constitución y valorando la situación presupuestal.

“En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión deberá fijar las remuneraciones que correspondan a los empleos establecidos por ley, específicamente el del Presidente de la República, para los efectos de los artículos 75 y 17, con apoyo únicamente en las bases que el mismo texto fundamental previene para tales casos”, expone el acuerdo.
De momento, el Congreso deberá fijar los sueldos como siempre lo ha hecho, sin aplicar la Ley de Salarios y tomando en cuenta las propuestas enviadas por cada dependencia u organismo público.

La suspensión concedida por Pérez Dayán surte efectos en lo inmediato, sin que pueda modificarse o revocarse, y estará vigente hasta que el pleno de la SCJN analice las acciones de inconstitucionalidad presentadas por una minoría de senadores (de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano e independientes) y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lo cual podría ocurrir en los primeros meses del próximo año.