Incertidumbre por los ‘superdelegados’ de AMLO

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A ciencia cierta -y como ocurre con muchos de los cambios por venir- nadie sabe en realidad la función que cumplirán los delegados estatales que ya nombró el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Esta incertidumbre se trasminó en la reunión que tuvo López Obrador con los gobernadores en el Colegio de Ingenieros, el pasado 27 de agosto. Allí, los 14 mandatarios estatales priistas alzaron la voz para advertirle al próximo presidente que el pacto federal no reconoce autoridades intermedias.

Fue el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien tomó la palabra a nombre de sus compañeros de partido y leyó un documento que proyectó su rechazo a la ambigua figura de delegados estatales que comenzará a operar a partir del primero de diciembre que asume el nuevo gobierno de la República.

En su documento los priistas se asumieron como “defensores del federalismo republicano”, entendido como “la coordinación entre órdenes de gobierno en favor de la ciudadanía, en el contexto del respeto estricto a la soberanía estatal, como lo mandata la Constitución”.

Reconocieron la necesidad de que funcionarios federales participen en las labores de coordinación, pero sólo como coadyuvantes, “porque tratar de sustituir o enfrentar a los gobernadores puede representar una parálisis o desaceleración de la administración pública federal en los estados”, advirtieron.

Aunque López Obrador intentó contenerlos al asegurarles que sólo se encargarían de los programas sociales, lo cierto es que la actitud todavía es defensiva. “A los gobernadores les preocupa sobre todo la operación política de estos delegados y por eso le propusieron nombrar a personas que no tuvieran presencia política en sus entidades”, dijo una fuente que asistió a la reunión.

UNA DUDA RAZONABLE

La duda de los gobernadores es razonable. Al menos así lo considera Guillermo Miguel Cejudo Ramírez, secretario académico del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y experto en temas de federalismo.

El especialista aclara que los delegados nombrados por López Obrador no contradicen el pacto federal ni el diseño constitucional, puesto que la figura es simplemente administrativa.

“A través de estos, el gobierno federal tendrá presencia en los estados, pero no interfieren con la autoridad, los recursos ni las atribuciones de los gobernadores ni los presidentes municipales”, afirma.

Sin embargo, advierte, sí hay un defecto en los delegados, en términos de la operación del modelo de descentralización que se ha construido en México en las últimas dos décadas.

“Independientemente de cómo están repartidas las atribuciones entre los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), desde hace 20 años hay muchas responsabilidades compartidas entre los tres órdenes, en materia educativa, de salud, en el ejercicio de recursos federales y de programas sociales”.

Este diseño implica un triple papel de los delegados en los estados, explica Cejudo Ramírez. Unos cumplen funciones administrativas, otros de gestión directa y unos más incluso tienen tareas políticas y de negociación.

La pregunta es si los delegados nombrados por López Obrador podrán cumplir estas tres tareas, se pregunta el especialista.

UNA PERSONA Y MUCHAS TAREAS

Cada dependencia federal ha asignado a sus delegados funciones muy específicas, dice el especialista. “En algunos casos los delegados sólo ejercen atribuciones federales, como ocurre con aquellos de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Procuraduría General de la República”.

Estos, dice, cumplen las tareas del gobierno federal en un espacio territorial determinado, es decir, la entrega de pasaportes o la investigación de delitos, por ejemplo.

Pero hay otros que ejecutan acciones federales -como los programas sociales- y que en cierta medida tienen que coordinarse con los gobiernos estatales o municipales, ya sea porque las reglas de operación lo piden o porque hay coinversión o porque el despliegue de la entrega depende de una secretaría en particular, como ocurre con la entrega de microcréditos.

“En estos casos no se trata sólo de su presencia (de delegados)”, dice el académico del CIDE. “Sí hay una interacción que requiere recursos y la participación coordinada con los gobiernos estatales”.

Pero además hay otros que cumplen una labor estrictamente política, como en el caso de los delegados de la Secretaría de Gobernación. “Su tarea es acordar, negociar, hacer gestiones con los gobiernos estatales con tal de buscar propósitos federales”, explica.

Estas tres tareas que cumplen los delegados federales tienen lógicas “completamente distintas”, dice Cejudo Ramírez. Y lo que al parecer sucederá con el modelo que propone el próximo gobierno es que una sola persona concentre esas responsabilidades, lo cual choca con el modelo que se ha construido en estos 20 años.

No obstante, aclara, “todavía tenemos detalles muy escuetos para poder hacer un análisis cuidadoso de cómo operarán esos delegados”.

Eso se puede convertir en un embudo.

-Exactamente. Yo creo que esta decisión responde, me parece, a un diagnóstico certero: hay problemas con el federalismo, con el modelo que acabo de explicar, y hay claramente un exceso de burocracia en muchas de las delegaciones. Pero estos problemas son distintos y están tratando de resolverlos con una misma solución. Tal vez atiendan uno de los problemas, pero corren el riesgo de complicar otros, por ejemplo, la operación de programas federales.

DEFINIR RESPONSABILIDADES

Cejudo Ramírez advierte que en el modelo de delegados que aplicará López Obrador puede surgir la desconfianza de los gobiernos estatales a la hora de negociar y se compliquen acuerdos necesarios y la dispersión de recursos.

“También puede ocurrir que las funciones desborden a los responsables en cada entidad, porque cada tarea es muy compleja en sí misma y sumarlas en un solo puesto las hará claramente más difíciles”, dice.

“Evidentemente no hay todavía un diseño administrativo que nos dé luz de cómo operaría en el ejercicio de recursos, de obras federales en los estados, y todos sabemos que en esos detalles puede estar el diablo”.

El especialista también advierte que un riesgo de los próximos delegados será la claridad en la “cadena de mando”, es decir, “a quién responderá la persona que ejerce recursos o aplica programas, ¿a algún delegado o a sus oficinas centrales?”

Las presiones y las necesidades burocráticas será diferentes para quien está en campo y para quien tiene que responder a una agenda local o a una planeación más o menos ordenada, desde el centro, con sus prioridades e indicadores del gobierno central, explica.

“La cadena de mando es algo que deberán resolver y deberá ser explícita para no genera ambigüedad sobre a quién responden los funcionarios adscritos a la delegación, pero encargados de ejecutar programas de distintas dependencias.

Cómo está planteado hasta ahora, ¿usted mira algún propósito político que pudiera atrofiar la operación administrativa del país?

-Yo diría algo previo incluso. Ya hoy los delegados tienen un papel político, y muchos han entrado en conflicto político con los gobernadores y presidentes municipales porque responden a una agenda política del gobierno federal. Esto va a seguir ocurriendo sólo que, tal vez, con mayor visibilidad puesto que sólo hay una figura mucho más visible y poderosa.

“Lo primero que imagino -y espero que no sea así por el bien del país-, es en la posibilidad de una confrontación, de diferencias, respecto de los recursos de los fondos federales”.

Cejudo Ramírez insiste, sin embargo, en que hay un diagnóstico certero, que es necesario poner orden por la manera en cómo se han fragmentado, distribuido y diluido los recursos públicos y la responsabilidad de las políticas públicas.

“Eso es cierto, absolutamente y es necesaria una solución urgente, pero esa figura de delegados creo que es una solución apenas parcial a un problema mucho más complejo que tiene que ver más con el modelo de descentralización, el diseño de competencias y la manera en la que se asignan y dan seguimiento a los recursos descentralizados”.