Duarte aún no define si aceptará su extradición a México, dice abogado

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El exgobernador de Veracruz Javier Duarte, detenido el sábado en Guatemala, aún no define si aceptará o no la extradición a su país, toda vez que aún no ha sido solicitada formalmente por el Gobierno de México, informó hoy su abogado Alejandro Jaimes.

 

 

En declaraciones a Radio Fórmula, Jaimes indicó que están a la “espera de que se formalice la petición de extradición” del Gobierno mexicano para tomar una decisión al respecto.

 

Señaló que en caso de ser extraditado, lo más probable es que Duarte -que gobernó Veracruz de 2010 a 2016- sea recluido en un penal de máxima seguridad federal.

 

Si el político acepta la extradición, se agilizará el proceso de entrega a México, el cual puede extenderse varios meses.

 

El letrado negó que Duarte, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), negociara con el Gobierno mexicano su entrega a cambio de que no se procediera legalmente contra su esposa, Karime Macías.

 

“De ninguna manera se trata de eso. Las autoridades lograron dar con su paradero y procedieron a capturarlo”, aseveró.

 

En la audiencia que se llevará a cabo hoy en Guatemala, detalló Jaimes, Duarte -quien se encuentra recluido en una prisión militar de la capital- será notificado formalmente de su detención provisional con fines de extradición y del contenido de la acusación en su contra.

 

Agregó que en este momento está buscando a un abogado que apoye la defensa del exgobernador en Guatemala e insistió en que “no es tiempo” de tomar una decisión en torno a la extradición.

 

Desde su captura la noche del sábado pasado en la recepción de un lujoso hotel de Panajachel, en el departamento de Sololá, el Gobierno mexicano tiene 60 días para pedir formalmente a Guatemala la extradición de Duarte.

 

Duarte pidió licencia para separarse de su cargo el 12 de octubre pasado, 48 días antes del fin de su mandato, supuestamente para hacer frente a las acusaciones de corrupción, pero de inmediato se convirtió en prófugo de la justicia cuando un juez dictó una orden de captura en su contra.

 

Ese mismo mes fue expulsado del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalado de dejar un estado en quiebra financiera y sumido en una crisis social por la falta de pago de salarios a diversos sectores, así como retrasos en la entrega de recursos a los 212 municipios.

 

El exgobernador está acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos con empresas fantasmas y de utilizar “prestanombres” para transferir recursos públicos.

 

De acuerdo con organismos auditores, durante el gobierno de Duarte presuntamente se desviaron recursos públicos del orden de 58.000 millones de pesos (3.097 millones de dólares)