Coinciden tres candidatos a fiscal general; abatir corrupción y violencia, la oferta

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CIUDAD DE MÉXICO.

Los tres candidatos a fiscal general de la República más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador quieren dirigir la institución para abatir los males de México causados por la violencia, la impunidad y la corrupción.

Para Bernardo Bátiz, México está “en medio de una guerra”; Alejandro Gertz Manero señala que vivimos en “un verdadero país de víctimas y de ofendidos”; mientras que Eva Verónica de Gyves apunta que los mayores retos son la corrupción y la impunidad.

En el ensayo que cada uno de los 27 aspirantes a fiscal entregó al Senado, Bátiz escribió que la nueva Fiscalía será pieza clave de la cuarta transformación, pues hoy México vive “en medio de una guerra entre bandas, entre bandas y ciudadanos que se defienden, entre bandas y fuerzas de seguridad, y en ese ambiente todos somos susceptibles de ser confundidos con el enemigo; por tanto, padecemos los riesgos de la guerra.

Hoy estamos dando los primeros pasos de un cambio trascendente: la cuarta transformación está al alcance de la mano; la novedosa Fiscalía General de la República está en proceso, tendrá un lugar preponderante, pero la condición para que eso suceda es que entendamos bien a México, su pasado y su presente. Tenemos que pensar, reflexionar y recordar”, apuntó el exprocurador capitalino.

Agregó que el actual plan de persecución penal “ha fallado”, enfrentando la violencia con mayor violencia. “Ahora cambian las cosas, declaramos la paz; la paz con justicia. No bastan más armas, más años de cárcel, más cuarteles y más aparatos de represión. Esto no ha servido, la inseguridad y los delitos no disminuyeron”, agregó

Prometió que, si es elegido, acabará con el indebido uso de la institución como “herramienta en las luchas políticas, para perseguir enemigos, para justificar presencia y presupuesto o, peor aún, para proteger amigos y cómplices”.

Eva Verónica de Gyves, magistrada de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, señala en su ensayo que “el mayor reto para sacar adelante los objetivos inmersos en la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República respecto de la procuración de justicia, obligan a establecer una institución operativa fuerte, administrativamente efectiva, que rinda cuentas y sea transparente”.

También señala la necesidad de promover la partición de la sociedad civil para combatir la corrupción y reducir los índices de impunidad y, por ende, el índice delictivo.

Gertz Manero, encargado de despacho de la PGR, apunta que es “brutal el fenómeno delictivo que aflige a los mexicanos, convirtiéndonos en un verdadero país de víctimas y ofendidos, que no tenemos un derecho real y positivo a la seguridad y a la justicia, tareas primigenias del Estado mexicano que ha dejado de cumplir”.

Argumenta que los pendientes del Estado en seguridad son la incapacidad profesional, administrativa y política de autoridades civiles; la falta de profesionalización, eficiencia y eficacia de las autoridades policiacas, del Ministerio Público y jurisdiccionales de todos los niveles; y “el brutal fenómeno de corrupción que ha invadido a nuestra sociedad y a nuestras instituciones”.