Un subsuelo lleno de osamentas indigna a Venezuela

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Aquí confluyen dos historias: el reciente hallazgo de 14 osamentas en una fosa común de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), según reconoció el Ministerio Público de este país a principios de esta semana, y la desaparición, el 7 de septiembre de 2009, de uno de los internos, Francisco Guerrero Larez, recibida con indiferencia por el régimen de Caracas.

El Estado no proporcionó información veraz ni a los familiares de Guerrero Larez, ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando preguntaron por su suerte. Las autoridades sostuvieron que Guerrero Larez se había fugado del penal y después guardaron un silencio definitivo cuando en 2015 el Comité Contra la Tortura de la ONU responsabilizó al Estado de su desaparición.

Cuando el 10 de marzo la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, reconoció el hallazgo de la fosa común, Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG dedicada especializada en la supervisión del sistema carcelario, recordó el caso del malogrado Guerrero Larez. Sentenciado a 13 años de prisión por robo agravado en diciembre de 1997, conoció “las actividades ilegales que cometían los jefes de la cárcel en complicidad con el militar jefe de la custodia externa”, según el relato del Comité de la Tortura. Tal vez sea esa la causa de su desaparición, piensa su esposa, Hilda Hernández, quien agrega que los demás presos le dijeron que su marido había sido asesinado y desmembrado en represalia por la información que manejaba.

Era una versión que concordaba con la que había recogido por su lado el padre de Guerrero Larez, Francisco. Al denunciar la desaparición de su hijo ante la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militarizada que custodia el perímetro de las cárceles venezolanas, el director de la prisión le dijo que no podía darle una respuesta “porque él no controlaba a la población en el penal”. Era la confesión de una situación que desde hace varios años es un escándalo recurrente en Venezuela: el Estado ha abandonado por negligencia a los penales para dejarlos en manos de las bandas más fuertes.

De los catorce cuerpos que hasta ahora ha encontrado el Ministerio Público en los terrenos de la PGV, cinco no tienen cabeza. El hallazgo de la fosa común y el misterio del paradero de Guerrero Larez parecen otorgarles cierto crédito a las denuncias de tratos crueles, desapariciones y castigos medievales que aplican los presidiarios líderes, conocidos como “pranes” en la jerga local, a los internos que cuestionan su autoridad o desean tomar el control. Algunos vídeos apócrifos que pueden encontrarse en las redes sociales demuestran la tragedia que significa estar preso en Venezuela y la lucha diaria por sobrevivir en un espacio sin ley.

El Ministerio para los Servicios Penitenciarios, creado por Hugo Chávez en 2011 para intentar solucionar el problema de las mafias carcelarias, ha tenido relativo éxito al tratar de recuperar el control de los penales. Se ha impuesto un orden militar cerrado en 98% de ellos, según declaró la ministra de la cartera cuando compareció esta semana en Ginebra ante el foro de Naciones Unidas con ocasión del Examen Periódico Universal. Solo siete, según cifras oficiales, todavía permanecen en “régimen abierto”, una expresión que utiliza el régimen para explicar que aún están en manos de los internos. En estos casos, la cárcel se convierte en un gran barrio donde el preso puede traer a su familia a dormir en el penal, puede circular en motos o bailar en una improvisada discoteca.

Fue justo la Penitenciaría General de Venezuela la última de las cárceles recuperada por el régimen. En agosto el líder del penal, alias Franklin Masacre, había secuestrado a 51 trabajadores del Ministerio de Servicios Penitenciarios y se negaba a liberarlos si el gobierno no enviaba 1.500 presos al penal. Con el plan de desalojar las instalaciones iniciado por el ministerio, “Franklin Masacre” se había quedado sin el dinero que recolecta todas las semanas entre sus compañeros –las bandas que controlan las cárceles obligan a cada interno a pagar una cuota, también llamada “causa”, como parte del derecho a vivir en las instalaciones y a mantener el penal–. A finales de octubre, después de cuatro días de tiroteos, de explosiones de granadas, de una férrea resistencia, el Gobierno logró desalojar el penal para reacondicionarlo. En esas estaba cuando encontraron las osamentas.

El tamaño de los escándalos a menudo opaca esa labor que el Gobierno intenta reivindicar en todos los foros. Valera, que ha estado a cargo del ministerio desde su fundación, a menudo actúa por cuenta propia tomando decisiones que en otros países serían inconcebibles sin el concurso de la fiscalía y los tribunales. A Wilmer Brizuela, el pran más famosos de todos tras la muerte de Conejo en Margarita, le otorgó un Régimen de Confianza Tutelada. En el Código Orgánico Penitenciario, aprobado por el Parlamento controlado por el chavismo a finales de diciembre de 2015, justo después de perder la mayoría con la oposición, se establece que el penado, por decisión del ministro, podría ser reubicado en un área especial del penal donde continuará con el cumplimiento de la pena.

Brizuela, conocido como Wilmito, aprovechó ese beneficio para escaparse de vacaciones a isla Margarita, el destino turístico por antonomasia de los venezolanos. A mediados de febrero, en compañía de sus familiares, fueron baleados. Nadie falleció. El gobierno nunca confirmó la noticia, pero a las pocas semanas Wilmito regresó a la cárcel donde purgaba su condena antes de recibir el beneficio del Ejecutivo.