La muerte de la niña wichí de 13 años y su bebé recién nacido que reflota debates en Argentina

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Agustina vivía en la comunidad indígena wichí El Sauzal en la norteña, verde y húmeda provincia argentina de El Chaco. Tenía 13 años, desnutrición crónica, una infección respiratoria, un embarazo de 28 semanas y casi 500 kilómetros de viaje encima al llegar, anónima, al hospital de la capital provincial. Pero no fue noticia entonces sino unas horas después, cuando le hicieron una cesárea de urgencia; el bebé no vivió y ella quedó en terapia intensiva. Días más tarde, los titulares empeoraron: la adolescente murió. El caso expuso de forma obscena algunas de las principales discusiones que atraviesan al país latinoamericano: el aumento de la pobreza, el debate sobre aborto, el abuso y los derechos a la vida, la salud y la educación.

Pero la vida de Agustina no empezó cuando apareció en los diarios. Vivía en una localidad del impenetrable chaqueño de poco más de 700 habitantes según el último censo nacional. Creció con los abuelos porque era huérfana de madre en una comunidad que, según la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco, queda aislada cuando llueve, tiene luz eléctrica de forma intermitente, no cuenta con agua potable ni médicos disponibles. Según la misma organización, la adolescente tenía una “relación temprana” con un hombre de 18 años, algo que califican como una relación desigual “muy común en la zona”. Según calificó la directora provincial del Programa de Salud Adolescente, Liliana Ensisa, se trata de una situación de abuso.

Al primer lugar que fue por complicaciones respiratorias fue la Unidad de Protección Integral de El Sauzalito, el 2 de noviembre. Desde ahí la llevaron al Hospital Bicentenario de Castelli y, luego, en ambulancia hasta al Hospital Julio C. Perrando en Resistencia. Allí fue la cesárea de un bebé que pesó poco más de un kilo y murió a las pocas horas. El Ministerio de Salud Pública lo informó en un comunicado oficial: “El bebé prematuro extremo, luego de nacer con signos vitales mínimos, falleció”. Sobre Agustina, describieron que tenía neumonía, anemia, desnutrición crónica y una infección generalizada. Más tarde, informaban de su muerte por un “fallo multiorgánico”.

Sobre la historia médica previa hay dos versiones: el Ministerio indicó que esa era la primera vez que Agustina iba al médico mientras la Mesa Multisectorial con los comprobantes que mostró su abuelo, Libertario, en el que se ve que la adolescente fue al hospital Bicentenario tres veces antes. En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo: el Estado estuvo lo suficientemente ausente como para que se pierdan las dos vidas.

El caso volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el aborto seguro, legal y gratuito, una lucha histórica del movimiento feminista que este año estuvo más presente que nunca en Argentina porque se debatió en el parlamento el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En medio de una gran movilización popular y después de ser aprobado en diputados, fue rechazado en el Senado con 38 votos contra 31.

Aunque en el caso de Agustina el aborto hubiera sido legal (el protocolo de Interrupción Legal del embarazo lo permite en caso de riesgo para la vida de la madre) queda abierta la pregunta sobre si ella siquiera supo del riesgo y —más aún— sobre su derecho. Sobre este caso, también se expresó la Campaña Nacional por el derecho al aborto: “Obligar a una niña a gestar y parir es una tortura”, escribieron.

La lista sobre los derechos vulnerados de Agustina pareciera no tener fin: el de la vida, el de la salud (la OMS la define como el “completo bienestar físico, mental y social”), el de la alimentación (llegó con desnutrición crónica), el de la educación (no iba a la escuela) e incluso al de la Educación Sexual Integral. La organización Amnistía explica por qué los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos: “todas las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud, su vida sexual o su identidad, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia”. Como tal, los Estados tienen la obligación de garantizarlo. En Argentina, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral es ley (26150) desde 2006.

Su aplicación deja bastante que desear y las cifras económico-sociales no son alentadoras. En Argentina, según el informe del Ministerio de Salud, en 2015 hubo 2.787 nacimientos de madres menores de 15 (una tasa de fecundidad temprana 1,6 cada mil) pero en Chaco la cifra empeora y es de 4,7 por mil, lo que la convierte en una de las provincias con mayor tasa de embarazo adolescente y mortalidad materna. Además, según datos oficiales, en el primer semestre de 2018 el porcentaje de pobreza del país aumentó al 27,3 %. Casi un tercio del país es pobre.

 

Julia Muriel Dominzain