Halla a su familia biológica primera víctima de bebés robados en España

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Inés Madrigal, la primera víctima de recién nacidos robados reconocida por los tribunales españoles, por fin encontró a su familia biológica, tras 32 años y gracias al contacto con un banco de ADN de Estados Unidos que le permitió ubicar a un primo segundo.

Madrigal, de 50 años de edad, que fue separada de su progenitora al nacer por el ginecólogo Eduardo Vela, quien la entregó a una familia de Murcia, este jueves dijo sentirse feliz por haber encontrado a su “familia de verdad”, pero también triste porque su madre biológica falleció hace seis años, a los 73 años de edad.

Añadió que sus cuatro hermanos biológicos también la buscaban y al ver las noticias en la televisión notaron un parecido con su madre por lo que uno de ellos se realizó un perfil de ADN y lo envió a un banco de datos español; sin embargo, no se detectó el parentesco, de acuerdo a un despacho del diario El País.

Ante ello, recurrió a un banco de ADN estadounidense, que detectó similitud con un primo y fue gracias a él que entabló comunicación con sus hermanos y una tía, quienes le confirmaron que fue dada en adopción de manera voluntaria, por lo que ya reconoció esa situación ante la Fiscalía Provincial de Madrid que lleva el caso.

El mismo sitio web refirió que en 2018, la Audiencia Provincial de Madrid resolvió a favor del ginecólogo de 86 años de edad al considerar que el delito había prescrito; aunque en los hechos quedaba pendiente el robo de la menor. El caso deberá ser resuelto por el Tribunal Supremo.

Madrigal nació en junio de 1969 en la clínica San Ramón, en Madrid, y el 6 del mismo mes el médico la entregó a su madre adoptiva, Inés Pérez, quien antes de fallecer -hace dos años y medio- declaró ante un juez que la bebé fue un “regalo” de Vela. Cuando ella tenía 18 años sus padres le dijeron que era adoptada y a los 41 años conoció los detalles de su origen.

Según la versión de Inés Pérez, no pagó nada por la bebé y lo único que sabía es que la menor “era hija de una mujer casada que había entregado al bebé porque no era de su marido”.

El País mencionó que la clínica San Ramón, cuyos libros de registro no se han encontrado, dejó de tener actividad en 1982 y al parecer su modo de operar “consistía básicamente en que se informaba a la madre y familiares de que un menor recién nacido había fallecido, ofreciéndose el centro hospitalario a hacerse cargo de los restos. Ese menor era entregado a otras personas”.