EE.UU. permitirá demandas contra empresas con negocios en Cuba a partir del 2 de mayo

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El Gobierno de los EE.UU. revocará el próximo día 2 de mayo la suspensión del título III de la polémica Ley Helms-Burton, que permite reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades que fueron confiscadas tras el ascenso de Fidel Castro al poder.

Se abrirá así la puerta a una previsible oleada de demandas por parte de personas o entidades cuyas propiedades fueron nacionalizadas durante la revolución o en los años posteriores.

El propio Departamento de Estado estimó en su momento la existencia de unas 200.000 demandas potenciales. Esta maniobra jurídica ya fue anunciada en un comunicado oficial el pasado 5 de marzo.

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.@SecPompeo: A partir del 2 de mayo en virtud del Título III de la Ley LIBERTAD, los ciudadanos de EEUU podrán demandar personas por tráfico de propiedades que fueron confiscadas por el régimen cubano. Después de más de 22 años, estadounidenses tendrán la oportunidad de justicia.

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En un mensaje publicado este mismo miércoles en la cuenta oficial en español del Departamento de Estado norteamericano, el secretario Mike Pompeo manifestó que “los ciudadanos de EE.UU. podrán demandar personas por tráfico de propiedadesque fueron confiscadas por el régimen cubano”, añadiendo que “después de más de 22 años, los estadounidenses tendrán la oportunidad de justicia”.

Conflicto abierto con la Unión Europea

En el plano internacional, la decisión de Washington ha contribuido a elevar el tono del conflicto de intereses comerciales entre EE.UU. y la Unión Europea.

Dados los graves perjuiciosque esta maniobra jurídica podría causar a numerosas e importantes empresas europeas que operan en Cuba a través de propiedades nacionalizadas por el Gobierno de Fidel Castro, y ante el anuncio de su inminente ejecución por parte de Washington, la Comisión Europea reaccionó este mismo miércoles alertando a la Administración Trump sobre las represalias que podrían llevar a cabo desde el bloque para compensar el impacto negativo sufrido.

A través una carta firmada por Federica Mogherini, Alta Representante de la UE para Exteriores, y Cecilia Malmström, comisaria de Comercio, Bruselas advirtió que la UE recurriría “a todos los instrumentos a su disposición, incluida la cooperación con otros socios internacionales, para proteger sus intereses”, incluyendo “la posibilidad de iniciar un procedimiento ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.

“Si una cadena de hoteles estadounidense (…) reclama [compensación] a una cadena europea ante tribunales de EE UU (…), la europea podría reclamar la misma compensación a la estadounidense ante un tribunal europeo“, afirmaron desde la Comisión Europea, recordando, casi a modo de amenaza directa, que “la inmensa mayoría de los 50 mayores denunciantes, que suman el 70 % del total del valor de las reclamaciones certificadas, tienen activos en la UE”.

Una polémica de largo recorrido

El artículo III de de la Ley Helms-Burton ya fue objeto de una querella presentada hace 22 años por la Unión Europea ante la Organización Mundial del Comercio. Entonces EE.UU. accedió a suspenderlo a cambio de paralizar el trámite judicial. Lo que se llevará a cabo el próximo 2 de mayo es la revocación de esa suspensión.

Desde su promulgación en 1996, la Ley Helms-Burton ha sido objeto de controversia internacional por entrar en conflicto con intereses comerciales de diversos países en el mundo. La propia legislación de Cuba, a través de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas del 24 de diciembre de 1996, establece que dicha norma es “ilícita”, “inaplicable” y niega su eventual efecto jurídico, además de considerar nula toda reclamación amparada en dicha ley, por cualquier persona natural o jurídica.

En una reciente entrevista, el expresidente del Parlamento cubano y exrepresentante de Cuba ante la ONU, Ricardo Alarcón, llegó a afirmar que la aplicación de la Ley Helms-Burton, “significa sencillamente la liquidación de Cuba como nación, como país, y por lo  tanto del pueblo cubano”.