Diferenciada, justicia que se aplica a expresidentes

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La justicia argentina quedó sumida en la polémica al actuar de manera diferenciada en las causas que involucran a los expresidentes Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner, así como al mandatario Mauricio Macri.

Mientras los procesos que involucran a Fernández de Kirchner avanzan de manera acelerada, los que atañen a Macri se cierran o paralizan y los de Menem se alargan durante décadas hasta culminar en la impunidad.

CAUSAS SE MULTIPLICAN CONTRA FERNÁNDEZ

Desde que la expresidenta dejó de gobernar, en diciembre de 2015, las causas en su contra se multiplicaron de repente, a tal punto que el próximo año deberá enfrentar por lo menos tres juicios orales y públicos.

Fernández de Kirchner está procesada en otras causas, la mayor parte de ellas por corrupción, y los fiscales o jueces le imputan delitos como lavado de dinero, fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos, entre otros.

El cúmulo de investigaciones en contra de la exmandataria, ya ha provocado que en dos ocasiones el juez Claudio Bonadío solicite su desafuero al Congreso, ya que Fernández de Kirchner está amparada legalmente y no puede ser detenida porque es senadora.

LOS PROCESOS SE ALARGAN CON MENEM

El tratamiento diferencial es evidente porque Menem fue condenado en 2013 a siete años de prisión por haber traficado armas a Croacia y Ecuador, pero ni jueces ni legisladores solicitaron nunca su desafuero ni hicieron escándalo mediático alguno, como si ocurre con la expresidenta.

Además, la semana pasada Menem fue absuelto ya que un tribunal consideró que se había vencido el periodo “razonable” para que la condena en su contra tuviera sentencia firme y fuera ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

La causa del tráfico de armas demoró 23 años y terminó cerrada con plena impunidad de los acusados.

INVESTIGACIONES BENEFICIAN A MACRI

Por otra parte, las investigaciones judiciales contra Macri también avanzan de manera acelerada, pero para beneficiar al presidente y no para inculparlo, como pasa con la expresidenta.

Así ocurrió, por ejemplo, con las causas que se iniciaron cuando la investigación global Panamá Papers reveló que el presidente participaba en empresas “off shore” radicadas en paraísos fiscales y siempre sospechadas de lavado de dinero y evasión fiscal.

Los beneficios judiciales fueron inmediatos una vez que se colocó la banda presidencial, pues a fines de 2015 un tribunal lo exoneró y desprocesó de la causa.