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Trazos y sombras

Martes, 29 Noviembre 2016 19:57

 

De lo caído....caído 400 milloncillos ya es pizca

 

 

Flaco favor le hacen al gobernador Juan Manuel Carreras, funcionarios como el director de la Comisión Estatal del Agua CEA, Jesús Medina Salazar al pretender subirlo en el pedestal de los grandes logros con el presunto rescate de los llevados y traídos 400 millones de pesos que bondadosa y caritativamente habría de aportar el Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN para Modelo de Mejora Integral de la Gestión MIG que recién abortó.

 


En su momento, el propio gobernador del estado, los diputados al Congreso del Estado, los directivos del INTERAPAS y el propio titular de la CEA, admitieron que el MIG resultaba financieramente inviable por el alto costo que habría representado para los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, y porque las corridas financieras que en su tiempo se hicieron así lo demostraron.

 


Pero como el director de la CEA se quedó con la espinita clavada y se la quiso sacar a tirones, ha insistido en que el fracaso del MIG obedeció al rechazo de la Junta de Gobierno del Organismo Operador del Agua Potable, y, porque según él, los Alcaldes de la zona metropolitana no mostraron disposición o voluntad en concretar un proyecto que de origen fue concebido para no nacer.

 


Ahora salió con el peine de que Juan Manuel Carreras habría rescatado esos 400 millones de pesos que “fueron rechazados” por el INTERAPAS y, “para que los presidentes municipales se mordieran uno y la mitad del otro”, esos recursos se invertirán el año que entra en plantas tratadoras y en obras de infraestructura hidráulica.

 


Así, de “lo cádo..cáido, esos 400 milloncillos por lo menos ya son pizca para que la casa no pierda, pues el esquema que propone el titular de la CEA, es que el financiamiento para plantas tratadoras e infraestructura hidráulica sea bajo la modalidad de la Asociación Público Privada APP, figura que nadie podrá negar ha caído en el abuso y ha propiciado el otorgamiento de contratos a empresas privadas que se han sumergido junto con el sector público en un mar de corrupción y compadrazgos, según la percepción del especialistas en el tema.

 


En la opinión de varios analistas, en el ideario de los inversionistas, el concepto de Asociación Público Privada APP ha tomado un gran auge en la última década, tiempo en el que aparentemente el sector público y el privado han buscado desarrollar proyectos que tengan un fin social o productivo y de paso una mejor eficiencia administrativa en el gobierno.

 


Hasta antes de la crisis del 2008 las APP se convirtieron en un método atractivo de financiamiento para proyectos públicos pero a final de cuentas estos son pagados por los mortales contribuyentes vía impuestos o el alza desmedida en los servicios públicos.

 


Es bajo este esquema de financiamiento que los gobiernos federal y de los estados han podido construir supercarreteras o autopistas sin la necesidad de invertir importantes sumas de dinero, pues al final del día cobran una cuota desproporcionada con cargo a los usuarios en tránsito, suma que luego les es reembolsada a los inversionistas.

 


El modelo de Asociación Publico Privada no es en esencia una idea mala, el problema es que a varias décadas de su exploración aún no están debidamente reguladas, ya que generalmente los únicos beneficiados son los inversionistas privados y los funcionarios que se despachan con la cuchara grande con la asignación truculenta de obras, menos los ciudadanos que con el producto de su trabajo son los que finalmente pagan.

 


Por otra parte, debe reconocerse que ante las crecientes limitaciones presupuestarias, los gobiernos locales están obligados a buscar nuevas fórmulas que les permitan hacer frente a sus necesidades de desarrollo. En este sentido las APP, pueden ser un instrumento importante para comprometer a los inversionistas privados en proyectos de infraestructura pública.

 


Lamentablemente algunos gobiernos que actúan bajo compromisos, o en medio de la presión política o mediática, optan por esta alternativa sin antes establecer un marco legal solido e institucional, toda vez que los procesos de licitación o adjudicación sigue inmersa en ese mar de corrupción y por consiguiente resulta complejo monitorear el desempeño del sector privado, además del consiguiente riesgo de retrasos en las obras y de los precios inflados.

 


Tal vez el titular de la CEA esté actuando con un buen ánimo tras haberse cancelado el MIG, pero Jesús Medina no debe olvidar que la elaboración de los proyectos planteados y los proceso de licitación se llevan un buen tiempo, digamos entre uno y dos años, tiempo inviable por el cruzamiento del ciclo electoral que enturbia o prostituye toda iniciativa, por muy buena que parezca.

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