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Trazos y Sombras

Sábado, 12 Noviembre 2016 15:00

Es una verdad absoluta que cuando en el ejercicio de gobierno las decisiones se socializan, o cuando los grupos de poder o de presión intentan democratizarlas, muchas iniciativas generalmente fracasan, se frustran o se topan con obstáculos, con intereses ocultos o con incursiones perversas que vuelven difícil concretar. 

 

 

Es cierto que el progreso o el crecimiento tienen un costo social, pero también es verdad que debe, si no lograrse un consenso generalizado, por lo menos si debe hacerse una anticipada labor de convencimiento  que soporte una determinación porque de ello depende el éxito o el fracaso de un proyecto gubernamental.

 

 

Ejemplos de esto en San Luis se ilustran y se cuentan por montones. El más reciente fue el error del gobierno del estado, concretamente del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas SEDUVOP, Leopoldo Stevens Amaro, al no haber realizado una tarea previa, si no de consulta por lo menos sí de persuasión para las obras de avenida industrias, por donde pasará el metrobus.

 

 

Las acciones del gobierno que son consideradas de interés o utilidad pública y que tienen un soporte legal constitucional, no pueden ni deben correr el riesgo del fracaso por la ausencia de visión y sensibilidad política. Tampoco nunca la imposición es buena, sin embargo muchas veces no todas deben someterse al escrutinio, aunque sí  a un manejo transparente por el uso de recursos públicos que implica esa decisión.

 

 

Que muchos recuerden, nadie le brinco a Antonio Rocha Cordero cuando decidió demoler el centro de la capital para construir las Plazas. Tampoco a Carlos Jonguitud Barrios se le opusieron cuando determino construir el Boulevard en el Rio Santiago,  el Aeropuerto, o el parque Tangamanga. Menos gritaron, aquellos que se enracharon con esas obras, hoy tan presumibles para los potosinos.

 

 

En otros gobiernos se hicieron muchas cosas a las que a nadie se les consultó y a las que pocos se  opusieron. Marcelo de los Santos, Alejandro Zapata y Jorge Lozano tomaron,- por ejemplo, la iniciativa de construir los puentes de la “Salvador Nava”. Tampoco  fue cuestionado, salvo honrosas excepciones, el  despilfarro en que incurrieron gobernantes como los dos Fernandos, Silva Nieto y Toranzo Fernández.

 

 

Ahora los tiempos cambiaron, porque hoy todo se cuestiona, se revisa con lupa y se intenta descalificar. La Cámara Nacional de Comercio CANACO sección San Luis, busca por su lado, no que se socialice o se democratice la determinación de instalar plantas purificadoras de agua que entregan gratuitamente el líquido a la población más necesitada, sino que quiere hacer negocio con el argumento de que “la casa pierde”.

 

 

¿Le resultaría prudente o conveniente al Ayuntamiento de la capital el democratizar su decisión de llevar agua gratuita y tortilla barata a los más necesitados, permitiendo la incursión del sector privado en un programa social que en esencia no arroja ganancias en dinero?

 

 

Por supuesto que no, y si la CANACO quiere invertir y competir con el municipio, pues que le entre con su dinero, que lo arriesgue y se lo gaste, pero asumir con cierta presión una posición cómoda de convertirse en proveedora oficial de garrafones plásticos o surtidora de agua  a cambio de vales por el efectivo del dinero público nos parece moralmente inaceptable, en fin.

 

 

En otros temas no menos relevantes, el Congreso del Estado sigue empeñado en aportar la nota  que genera ruido. El diputado priista José Luis Romero Calzada, sediento de popularidad e inspirado en el modelo educativo de Finlandia salió con la ocurrencia de proponer una iniciativa que retire la obligación para que los escolares “dejen de hacer sus tareas”.

 

 

Este legislador que se ha caracterizado más por el escándalo que por la propuesta sensata y coherente, debió haber estado tres días en aquel país o de plano alguien le vendió la idea de proponer semejante estupidez, pues en nada se parece nuestro modelo de enseñanza con el esquema educativo finlandés que lleva años concretando reformas educativas integrales muy propias de los países europeos más desarrollados. Afortunadamente su propuesta fue desechada.

 

 

Otro tema que resulta polémico por el sustento poco sólido de la iniciativa, es el que planteó el diputado Manuel Barrera Guillén, para que las policías municipales estén bajo el mando del Ejecutivo del estado en situaciones o circunstancias difíciles. Desde luego que toda idea para fortalecer el sistema de seguridad siempre es bienvenido, sin embargo la propuesta deja más dudas que bondades.

 

 

Zorro, como es el Alcalde capitalino Ricardo Gallardo Juárez, solo se concretó a responder en no tener problema alguno en transferir la responsabilidad de la prevención del delito al ámbito estatal. A como están las cosas, sería conveniente conocer la postura del General Arturo Gutiérrez que en las últimas semanas no ha sentido lo duro sino lo tupido y que sin anticiparlo, lo más seguro que le conteste al diputado Barrera es “no me ayudes compadre”.

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