Por las nubes, los boletos de la final

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Los precios de los boletos para el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores se dispararon en el mercado español de la reventa, para alcanzar cifras desorbitadas, que en algunos casos superan los mil 200 dólares.

Los primeros en infringir la regla fueron los socios más desaprensivos del Real Madrid, quienes tienen acceso prioritario a la compra de las entradas para el duelo entre Boca y River, y que no dudaron en hacer negocio en internet.

En algunos portales dedicados a la compra-venta, socios merengues ofertan los boletos a precios que oscilan entre los 800 y los mil 200 dólares, luego de haber pagado entre 90 y 250 dólares.

“Hay que tomar medidas contra todo aquel y todas las plataformas web que se dedican a la reventa de entradas, que no es legal y que hacen negocio con ello”, señala a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción.

En algunos portales de internet ni siquiera se camufla la reventa de boletos para la final de la Libertadores con trucos como el de “regalar” la codiciada entrada con la compra de un artículo de escaso valor con un alto precio. “Es obvio que es un fraude de ley muy burdo. El problema es que las autoridades no intervienen ni siquiera cuando la reventa se hace a cara descubierta”, indica el vocero de Consumidores en Acción.

“Escucho ofertas”, es otro recurso que se utiliza en la red para evitar un conflicto legal, ya que la reventa está prohibida en España desde 1982, aunque la ley quedó obsoleta porque sólo especifica que la venta de localidades está prohibida cuando se realiza en la calle o de manera ambulante, lo que genera un vacío legal sobre su oferta online.

La reventa de boletos no es el único brote polémico del partido entre Boca y River en el Bernabéu. Los sindicatos de la Policía Nacional que se encargará de garantizar el orden público para este evento, han pedido que se abra un debate sobre el costo millonario del operativo policial que sufraga íntegramente el Estado español.

Las fuerzas de orden público sindicalizadas plantean que se debería discutir la posibilidad de que los organizadores pudieran costear total o parcialmente el despliegue policial, que podría ser de más de 2 mil elementos.